Los alcaldes exigen agilidad ante la llegada de fondos europeos

Con proyectos sólidos y de desarrollo -algunos más avanzados y otros menos pero todos muy ilusionantes-, los alcaldes del Bajo Aragón Histórico aguardan con expectación las directrices de Bruselas para poder acceder a los fondos europeos NextGenerationEU, que el Gobierno central articulará a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 'España Puede'. En total, serán 70.000 millones de euros hasta 2023 lo que reparta España pero todavía no se conocen criterios, bases, porcentajes de ayuda… A través de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp) ya se ha tanteado a los ayuntamientos y muchos de ellos han enviado sus propuestas. Al territorio, además de los NextGeneration, también llegarán ayudas de Europa vinculadas al Fondo de Transición Justa que, en este caso, se articularán a través de un convenio para Aragón que acumula ya más de un año de retraso.

«Seguimos a la espera de cómo se va materializando todo. Tenemos muchas cosas, pero no podemos definir nada porque no conocemos criterios ni requisitos. Una de las prioridades del ayuntamiento de Andorra sería trabajar en espacios de convivencia intergeneracional. Hay una fase de ampliación de la residencia aprovechando el colegio San Jorge y un tenemos una plan de sostenibilidad y eficiencia para los edificios municipales», dice el alcalde de Andorra, Antonio Amador. «Poco podemos decir porque todavía no se han establecido los criterios desde Bruselas. Sí que sabemos que los proyectos se adjudicarán por concurrencia competitiva y estamos trabajando en varios. No obstante, es pronto para adelantar ninguno porque implican a empresas privadas, otras instituciones…», añade el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu.

Sí que parece claro que se priorizarán aspectos como la sostenibilidad, las energías renovables, los servicios sociales, la lucha contra el cambio climático, la creación de empleo y el Reto Demográfico. Pero, al margen de las declaraciones de intenciones, poco se ha concretado. Es por ello por lo que los alcaldes del territorio piden «claridad» y «agilidad». Sobre todo en los pueblos pequeños, donde es complicado trabajar sobre proyectos antes de conocer las condiciones.

«Tenemos mucha ilusión pero muchas veces nos superan los temas burocráticos. Nos está pasando con los Fondos para la Transición Justa o con los fondos de cohesión del Gobierno de Aragón, con muchas líneas pero no hemos podido entrar en ninguna. Quizá hacen falta menos líneas de ayuda pero más solventes», detalla el alcalde de La Puebla de Híjar, Pedro Bello. En su caso, uno de los proyectos «cruciales» para el desarrollo de la localidad, y de toda la zona a través del polígono La Venta del Barro, es la plataforma logística intermodal ligada al desarrollo del tren. También destaca otras patas como el turismo a través de la Vía Verde Val de Zafán, o la industria del alabastro, en la que se busca darle transformación a este material en el propio territorio.

En líneas similares se manifiesta el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, que lamenta que «hace falta una agilidad administrativa que en estos momentos no hay en las administraciones», denuncia. En ese sentido, manifiesta su «hartazgo» con proyectos como la ampliación del Balneario de Ariño, una iniciativa que ya cuenta con el visto bueno del Gobierno central dentro de los Fondos Miner 2013-2018 pero cuyo convenio todavía no se ha firmado. «No paran de pedirnos documentación, nos tienen negros. E incluso ahora se llega a poner en duda si es una competencia impropia para un ayuntamiento hacer un balneario, cuando hemos hechos seis fases y está generando desde hace años medio centenar de puestos de trabajo.Es indignante», reclama. A Ariño, tampoco le faltan iniciativas generadoras de empleo para optar a las futuras ayudas, como la ampliación de la residencia o la adecuación y acondicionamiento de la pista minera entre Andorra y Ariño, que permitiría vertebrar toda la comarca con su conversión en carretera pública.

Para el alcalde de La Fresneda, Frederic Fontanet, es importante realizar una distribución adecuada de estos fondos. «Para que realmente supongan una oportunidad para las zonas despobladas, tendrán que repartir el dinero con otros criterios que no sean de población porque, si es así, nos tocarán migajas», reflexiona. Para él, la recuperación de vivienda vieja en los pueblos y una colaboración público privada para conseguir dinamizar los polígonos industriales tanto de La Fresneda como de los pueblos cercanos.

Por el contrario, desde Albalate del Arzobispo, su alcaldesa, Isabel Arnas, manifiesta la «necesidad acuciante» de ampliar el polígono industrial San Cristóbal con todas las parcelas ocupadas y el interés de empresas en ampliar sus instalaciones o en instalarse allí. «Tenemos ya una memoria valorada en un millón de euros; estamos hablando de generación de empleo y tenemos una demanda real de empresas», explica Arnas, quien presentará este proyecto a la primera línea en la que encaje, confiando en que los fondos para la Transición Justa salgan cuanto antes.

Proyectos específicos en Caspe

Donde sí tienen cuantificados y detallados ya los proyectos con los que optar a los fondos Europeos es en Caspe. El principal es la recuperación del río Guadalope, un proyecto de 2012 que contempla rehabilitar los 6,8 kilómetros de cauce entre las zonas denominadas El Dique y la Presa de los Moros. El tramo se desvió de su paso natural en la década de los años 60 con motivo de la construcción del embalse de Mequinenza y la zona ha quedado en un estado «deplorable». Su rehabilitación y adecuación como zona de ocio (andadores, lámina ecológica…) que recupere su valor ambiental está valorada en unos 5 ó 6 millones de euros. «Es un proyecto que, a priori, cumpliría con los requisitos generales y que con fondos propios no es imposible llevarlo a cabo», puntualiza la alcaldesa, Pilar Mustieles.

No es el único proyecto que a Caspe le gustaría acometer con los fondos europeos. El consistorio caspolino también tiene en la cartera otra actuación valorada también en unos 5 ó 6 millones de euros para nutrir las torres eléctricas de los bombeos que sustentan los sistemas de regadíos con energía proveniente de placas solares, con las que se podrían poner en marcha también nuevos riegos. «Esperamos que a partir de la segunda quincena de este mes de junio se vayan matizando criterios, convocatorias, porcentajes de ayudas…», confía Mustieles.