Avanzan las aportaciones para la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria

Días clave de cara a la futura modificación de la ley de la Cadena Alimentaria. A lo largo de esta semana se están celebrado en el Congreso de los Diputados varias comparecencias en el marco de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la que están interviniendo responsables políticos, representantes de los agricultores y ganaderos así como el resto de Agentes de la Cadena Alimentaria para hacer sus aportaciones. Incrementar la transparencia en la formación de precios, conseguir un reparto más equitativo del valor añadido a lo largo de la cadena alimentaria y eliminar las situaciones de desequilibrio en la negociación contractual, son algunas de las metas que se plantea la modificación de esta Ley.

Los diferentes agentes están realizando las aportaciones que creen oportunas, una vez que ya se han incorporado los dictámenes del Consejo de Estado, del Consejo Económico y Social y de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. «Aunque vino la pandemia, se siguió con este compromiso y estamos avanzando mucho para poder aprobarla en noviembre y tener una Ley de la Cadena que cubra los costes de producción y que garantice al más vulnerable, al sector primario, su viabilidad económico», ha recalcado el diputado socialista por Teruel, Herminio Sancho, quien ha tenido varias intervenciones en la Comisión.

«Fortalecer» el papel de la AICA

Sancho ha intervenido, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tras la comparecencia de la Directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández, y ha destacado “el papel fundamental que va a tener esta Agencia para que el Proyecto de Ley del Gobierno para garantizar la trazabilidad, la calidad y la sanidad alimentaria sea todo un éxito”.

El «fortalecimiento» de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) será fundamental en el objetivo de lograr una mayor disciplina en el comportamiento de las empresas. Esta Agencia es la encargada de «vigilar las relaciones comerciales» y los controles de la cadena alimentaria, así como velar por «el cumplimiento de la Ley», y para ello deberá contar con el presupuesto y con las herramientas necesarias, tal como ha recalcado el diputado Socialista. «Ahora hay empresas a las que les da igual recibir sanciones por no cumplir, ya que la sanción es menor al beneficio que ellos consiguen haciendo las cosas mal y haciendo una competencia desleal a los productores», ha lamentado. Este será uno de los principales problemas que la modificación deberá erradicar para llegar a la transparencia total.

Siguiendo esta línea, la Directora de la AICA, Gema Hernández, ha señalado en su comparecencia que el objetivo de la agencia no es sancionar, sino evitar prácticas abusivas. En el mismo sentido, ha expresado que el objetivo de la Ley es “pedagógico, disuasorio, mejorar la relación entre los eslabones, y no la sanción”.

«Reequilibrar la cadena»

El diputado socialista por Teruel también ha intervenido tras la comparecencia de Pedro Barato, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA). Ante la preocupación mostrada por este por los bajos precios que perciben los agricultores y ganaderos y su escaso peso de la producción alimentaria en la cadena alimentaria, Sancho ha destacado que con el proyecto de modificación se mejorará la transparencia en los costes de producción avanzando en el equilibrio y la transparencia y conseguir remunerar adecuadamente a todos los operadores.

Sancho ha trasladado a Barato que es fundamental fijar el precio en origen e introducir el precio de producción. “Evidentemente sabemos que en cada territorio el coste tiene distintas características. En territorios como la provincia de Teruel el coste de producción medio de una hectárea de cereal de secano es 550 euros por hectárea. Podemos meter amortización, gasoil… trabajar en esa línea para mejorar”, ha añadido.

El diputado turolense ha apuntado que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista creen que con esta Ley va a aflorar la comercialización directa de los productos locales procedentes de la explotación familiar, lo que será «imprescindible» para el mantenimiento económico y social del medio rural. Ha asegurado que se ampliara su ámbito de aplicación, generalizará los contratos por escrito e impondrá sanciones actualizando las infracciones. «Hablamos de un cambio en la cultura de la comercialización, y velar por que los contratos se cumplan».

La futura modificación está pensada para las zonas con «mayor debilidad», como es el caso de la provincia de Teruel que se enfrenta además a la despoblación.»Está pensada para el olivar de secano, para las ganaderías de Teruel y la explotación familiar, que son las que están produciendo en unas condiciones más desfavorables. No va a ser fácil, es la apuesta más grande que ha habido para cortar la deslealtad comercial».

Una Ley de la Cadena «ligada» a la PAC

Según el diputado socialista será «vital» ligar la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria con la Política Agraria Común (PAC), para resolver los graves problemas del modelo de explotación familiar. «La Política agraria tendrá que compensar esa renta. Yo estoy moderadamente satisfecho, se está avanzando mucho. Tendrán todos los actores que comprometerse. Tienen que facilitar que esto sea viable».

El acuerdo general sobre el paquete legislativo de la reforma de la PAC, alcanzado por el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE el pasado octubre, pretende proporcionar un equilibrio adecuado entre una mayor ambición ambiental y climática a y los objetivos económicos y sociales. Ahora mismo se está trabajando a la par con las diferentes comunidades autónomas, y se parte de un «buen presupuesto», tal como la recalcado Sancho, para desarrollar de manera coordinada los diferentes aspectos de aplicación de la PAC en España. Para el mes de mayo está prevista una reunión monográfica con las comunidades autónomas, en la que se concluirá el modelo de aplicación de esta política. El objetivo es contar con un primer borrador en el mes de julio, su aprobación a principios de 2022 y su puesta en marcha el 1 de enero de 2023.

«Va a ver un giro de 180º porque el dinero va a ir donde tiene que ir», ha recalcado Sancho quien ha insistido en el esfuerzo por los ecoesquemas y en los planes estratégicos hacia las zonas de secano menos rentables. Esta será una PAC «de las personas» en vez de «la territorial». «A una misma orientación productiva debemos de tener un mismo tratamiento de política agraria». Va ser muy positiva para el medio rural y zonas como Teruel. No podemos permitirnos que haya menos agricultores ni menos ganaderos»:

Se cumple casi un año desde las masivas reivindicaciones en la calle del sector primario. «Conocía perfectamente estas reivindicaciones , son justas y las he defendido siempre». El diputado socialista también ha querido destacar el trabajo de los agricultores en el contexto de la pandemia. «Han aparcado las pancartas para ponerse al servicio de la desinfección y a limpiar las calles. Se ha demostrado que es un sector principal e imprescindible».