El Ayuntamiento de Calanda regulará el uso de los vehículos de movilidad personal (VMP), mejor conocidos como patinetes eléctricos, debido a la "peligrosidad" detectada en las calles del municipio con vehículos de este tipo que circulan en dirección contraria, sin casco y sin seguro. Ante el miedo a que se produzca un accidente, desde el consistorio han decidido tomar cartas en el asunto.
Así, en el pleno de este martes se aprobó por unanimidad la ordenanza reguladora. El documento establece por dónde pueden transitar y prohíbe expresamente la circulación por la acera, salvo en los supuestos permitidos por la normativa. También regula su estacionamiento para evitar obstáculos a los peatones, y fija en 14 años la edad mínima para su conducción, además del uso obligatorio del casco homologado, luces y otros elementos de seguridad. De igual manera, es obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil. Todas las conductas que no se encuentren dentro de la normativa, serán sancionadas.
Tal y cómo detalló la concejal de Medio Ambiente, Industria y Empleo, Esperanza Moreno, la medida responde a que "el uso de los patinetes eléctricos es una realidad cada vez más presente en nuestro municipio". El objetivo es claro: "Establecer un marco normativo claro que permita compatibilizar una movilidad más sostenible con la seguridad de peatones, de conductores y del conjunto de usuarios".
Además, el alcalde de Calanda, Alberto Herrero, destacó que en septiembre, cuando los alumnos regresen al instituto, se llevarán a cabo unas sesiones de concienciación junto a Guardia Civil sobre la importancia de cumplir la normativa. "No queremos tener un accidente que pueda costarle la vida a alguno de los jóvenes de nuestro municipio", afirmó rotundamente.
Seguridad ciudadana y convivencia
Sin duda, el punto del pleno que más debate suscitó fue este. Ante el creciente vandalismo en las calles de la localidad, principalmente en las noches de verano, se ha decidido aprobar una normativa que sancione conductas incívicas.
El objetivo de esta ordenanza es prevenir estas actitudes, proteger el patrimonio y dotar al Ayuntamiento de una herramienta para sancionar cuando sea necesario. "Las sanciones son el último recurso, lo importante es fomentar el respeto y la buena convivencia", detalló Moreno. A través de esta norma se establecen unas reglas básicas de civismo para garantizar el respeto entre vecinos, el cuidado del mobiliario urbano de parques y jardines; control de ruidos; la correcta gestión de los residuos y el buen uso de la vía pública.
Desde la agrupación socialista, agradecieron la modificación del punto cinco, que solicitaron ya que, según estaba redactado originalmente, "no estaban de acuerdo". A lo que el primer edil señaló que este cambio "no responde a que la nueva redacción cambie el significado, sino a que tampoco creo que cambie de ningún modo y a veces no está de más aceptar ideas de la oposición". El texto inicial hablaba de los extranjeros y desde el PSOE señalaron que se trataba de forma diferente a los españoles y a los extranjeros.
Este no fue el único punto que generó debate. El punto 27 del documento habla sobre la instalación de nuevas cámaras de vigilancia, aspecto sobre el cual el socialista José Ángel Galve señaló que nadie del equipo de gobierno había respondido a su pregunta sobre dónde y cuántas había ya instaladas en el municipio. "Cuesta creer que el alcalde de un pueblo no esté al corriente de este tema y no sepa o no quiera darnos la información, lo que aún es más grave», dijo.
La concejala Laura Martínez detalló que gracias a la subvención de Mercado Sostenible se colocaron tres: una en la plaza (para control de aforo y personas) y otras dos para controlar vehículos y matrículas, situadas en la avenida Autonomía Aragonesa. Las tres no funcionan porque siguen pendientes de autorización por parte de la Subdelegación del Gobierno. "Se pidió hace tiempo, pero la autorización todavía no ha llegado", señaló.
Por su parte, Herrero puntualizó que no se han dado más detalles porque al no tener autorización no pueden usarse. Además, tienen prevista una campaña de información a los ciudadanos sobre esta cuestión. A pesar del debate surgido por estos dos asuntos, la ordenanza fue aprobada por unanimidad.
Acceso a la piscina para familias monoparentales
Durante el pleno del martes las familias monoparentales también tuvieron su espacio. Joaquín Palomo, concejal de Deportes, detalló la modificación parcial sobre el documento que regula el acceso a las instalaciones deportivas municipales. "No teníamos recogidas a las familias monoparentales, por lo que hemos decidido adaptarnos a la sociedad actual y aplicarles la misma tasa que a las familias numerosas".
Además, el Ayuntamiento buscará establecer convenios con asociaciones de personas vulnerables, como AECC o ASAPME, para que las personas asociadas tengan una tasa más económica para acceder a las piscinas u otras instalaciones deportivas. Esto supondrá una menor recaudación de hasta 6.500 euros para el consistorio, la cual asumirán "sin problema". Esta propuesta también fue aprobada por mayoría.
Esa ordenanza municipal, si es como la contáis, está en contra y por lo tanto no será válida del recientemente real decreto que modifica el reglamento de circulación en el que establece que la edad mínima será de 15 años para circular con un VMP. Esta modificación estará en vigor el 1 de Octubre de este año.
Tendrá la total legalidad, y si en algo fuese menos restrictivo se subroga al futuro Real Decreto. Está por ver todavía si será convalidado o no.
En cualquier caso, siempre es de agradecer buscar la seguridad y el buen hacer.