El campo pide «mayor flexibilidad» para afrontar las cosechas

Flexibilizar la movilidad. Es la medida más urgente que piden los sindicatos, los agrarios y los generalistas, para poder afrontar la campaña de recogida de la fruta en Aragón. Todo ello después de conocer el Real Decreto -ley mediante el cual el Gobierno de España intenta paliar la acuciante necesidad de mano de obra en el campo en plena crisis sanitaria por el coronavirus, ya que miles de temporeros no podrán desplazarse desde sus países para trabajar. Unas medidas, que sin embargo siguen condicionadas por las restricciones de movilidad y por la «poca eficacia», tal como denuncia el sector agrario.

Solo en Aragón se destinan aproximadamente unas 23.000 personas para la recolección de fruta entre mayo y octubre, de las cuales 15.000 vienen de fuera (este de Europa y norte de África, principalmente). La normativa establece que los trabajadores contratados para este fin realicen las tareas en el término municipal en el que se reside o en los colindantes, evitando así desplazamientos. «Veo difícil poder nutrir personal suficiente para la campaña. La Comunidad autónoma que también va a tener competencias tendrá que aportar mayor flexibilidad para poder permitir esa movilidad de personas a nuestras explotaciones, ya que el 100% de ellas se encuentran en el medio rural y no están en las ciudades donde se concentra más gente», ha explicado José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón.

También apunta que será difícil suplir la necesidad con gente del mismo territorio. «Hay que ser realistas, una persona que viva en Zaragoza difícilmente va a querer desplazarse a Caspe o a Maella a recoger fruta diariamente ya que eso conlleva un gasto y tampoco creo que estén por la labor de alquilarse un apartamento o vivir en un albergue», ha matizado Roche.

Otro escollo importante es el de las normas de desplazamiento impuestas por el estado de alarma . «Si en un coche de cinco plazas solo pueden ir dos personas y en una furgoneta de nueve plazas solo pueden ir tres, será muy complicado gestionar los traslados», ha afirmado Vicente López, Secretario de Relaciones Laborales de UAGA. Este ha destacado que el Decreto se olvida de muchos otros aspectos por resolver. «No sabemos cómo se van a gestionar los alojamientos o si el tema de las exportaciones de fruta no van a tener problemas». Unas dudas que tendrán que resolverse en los próximos 15 días de cara a la recogida de cerezas en el Bajo Aragón-Caspe.

El Real Decreto también recoge la posibilidad de que los desempleados puedan incorporarse de manera temporal a las labores del campo, y seguir cobrando una prestación al desempleo. Una medida que tampoco convence por «experiencias pasadas», según apunta Samuel Sancho, Presidente de la Denominación de Origen Melocotón de Calanda. «En la crisis pasada con muchos millones de gente en el paro no vino nadie al campo a trabajar mientras tuvieron los dos años de esta prestación. Tengo mis dudas que este real decreto ahora funcione y que la gente que está cobrando un subsidio quiera venir a trabajar en el campo», ha matizado.

Solo para las labores del aclareo del melocotón previsto a partir del 1 de mayo, el Bajo Aragón necesitaría cerca de 3.000 personas. Por ello la entidad tiene prevista una videoconferencia con la Delegación del Gobierno en Aragón de cara a la próxima semana para plantear diferentes medidas que solucione esta crisis. «Vamos a ver qué iniciativas se toman. No veo descabellado fletar un vuelo directo desde sus lugares de origen para los contingentes que tenemos fijos desde hace muchos años. Nosotros les damos alojamiento y sería la empresa la que gestionaría su estancia y no se moverían de la zona», ha explicado. Propuestas como esta se plantearán en dicha reunión.

El paquete de medidas aprobado por el Gobierno también contempla flexibilizar la contratación de los extranjeros residentes en España cuyo permiso de residencia acabe el 30 de junio, así como los jóvenes extranjeros de 18 a 21 años, que podrán prorrogar su permiso si se incorporan como mano de obra en el campo. Sin embargo esta felxibilización tendrá que ser muy ágil para llegar a tiempo de cara a las inminentes cosechas.

Desde los sectores agrarios piden que sean las comunidades autónomas quienes pongan los «medios suficientes» para flexibilizar estas medidas.

Bajo Aragón- Caspe

La Comarca del Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp se reunió este miércoles por la tarde en la Junta de Unidad de Coordinación Comarcal. En ella participaron sanitarios, consejeros comarcales, técnicos, representantes de las distintas fuerzas del orden, y concejales de Servicios Sociales de los seis ayuntamientos de la Comarca.

Durante el encuentro se tocaron dos temas principales e igualmente importantes: la crisis sanitaria del coronavirus y la campaña frutícola, que dará inicio a finales de este mes de abril con la recogida de la cereza. Desde la institución confirman que hay mucha preocupación sobre la evolución de estos dos asuntos. Calculan que se van a necesitar más de 3.000 temporeros para trabajar en toda la zona. La mayoría de ellos vienen de fuera cada año. «Esperamos un decreto autonómico que nos permita acoger a todas estas personas, que son necesarias para que el sector siga para adelante», afirma el presidente comarcal, Joaquín Llop. «Ahora estamos fijando estrategias para el momento de su llegada, y nuestra principal prioridad será velar por su seguridad y la de nuestros vecinos».

Para ello, la Comarca se coordinará con el personal sanitario, que será clave durante este periodo de recogida de fruta. Se encargará de realizar un seguimiento continuo a la salud de cada uno de los trabajadores. También se tendrá un especial control en las viviendas y alojamientos de alquiler donde residan temporalmente estos trabajadores. «Contaremos con espacios habilitados por si alguna de estas personas resulta contagiada, para que no infecte al resto», explica Llop. Por su parte, las fuerzas del orden se asegurarán de que los temporeros se desplazan de una forma adecuada y siguiendo la normativa, además de evitar que se formen las llamadas ‘infraviviendas’ donde conviven más personas que las permitidas.