CEOE Teruel ha reclamado al Gobierno de España la aplicación íntegra del régimen de ayudas de funcionamiento autorizado por la Comisión Europea, que podría movilizar más de 300 millones de euros anuales en la provincia frente a los 13,36 millones al año del modelo vigente. La organización empresarial sostiene que este incremento permitiría compensar los sobrecostes derivados de la despoblación, reforzar la competitividad, favorecer el empleo y atraer nuevas inversiones.
La entidad ha realizado esta aclaración tras las informaciones publicadas durante los últimos días sobre el alcance de estas medidas en Teruel. Su objetivo es explicar cómo se calculan las reducciones actuales y reforzar la petición de una aplicación más ambiciosa del instrumento aprobado para los territorios con muy baja densidad de población.
Las cifras difundidas sobre el importe acumulado desde la entrada en vigor de las bonificaciones son, según CEOE Teruel, coherentes con los datos conocidos. Las empresas han recibido 40,1 millones de euros en tres años, mientras que los trabajadores autónomos han obtenido 3,3 millones durante el mismo periodo.
La patronal advierte, sin embargo, de que la explicación sobre el cálculo puede inducir a error al trasladar la idea de que los porcentajes se aplican sobre todos los costes laborales soportados por las compañías. Las reducciones afectan únicamente a la aportación empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, que representa solo una parte de las cotizaciones sociales.
Las reducciones vigentes se limitan a las contingencias comunes
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 estableció las bonificaciones aplicables en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria mediante reducciones en la cuota empresarial correspondiente a las contingencias comunes.
El porcentaje es del 5 % para los trabajadores con contrato indefinido dados de alta antes del 1 de enero de 2023. La reducción alcanza el 15 % en los nuevos contratos indefinidos formalizados desde esa fecha en municipios con 1.000 habitantes o más, mientras que aumenta hasta el 20 % para las nuevas contrataciones indefinidas realizadas en localidades con menos de 1.000 vecinos.
Estos porcentajes no se calculan sobre el coste laboral total de cada empleado, sino exclusivamente sobre la cuota empresarial destinada a contingencias comunes. CEOE Teruel considera que esta diferencia es determinante para entender por qué el impacto económico del sistema actual queda muy por debajo del margen permitido por la normativa europea.
El régimen aprobado por el Gobierno de España no agota, según la organización empresarial, las posibilidades autorizadas por la Comisión Europea para las ayudas de funcionamiento dirigidas a territorios con muy baja densidad demográfica.
Mientras el sistema vigente aplica reducciones del 5 %, el 15 % y el 20 % sobre una parte concreta de las cotizaciones empresariales, el marco comunitario permite conceder ayudas equivalentes hasta al 20 % de los costes laborales anuales asumidos por las empresas instaladas en estas zonas. El impacto económico del modelo actual en la provincia de Teruel se sitúa en 13,36 millones de euros anuales, equivalentes a los 40,1 millones acumulados durante tres años por las empresas. El máximo autorizado por la Comisión Europea podría elevar esa cantidad por encima de los 300 millones de euros cada año.
CEOE Teruel sostiene que un volumen de ayudas de esta magnitud permitiría afrontar de manera más eficaz los sobrecostes asociados a la despoblación, mejorar la capacidad competitiva de las empresas turolenses, impulsar la creación y el mantenimiento del empleo y favorecer la llegada de nuevos proyectos de inversión.
La organización reitera por este motivo su petición al Gobierno de España para que utilice todo el margen autorizado por la Comisión Europea y aplique íntegramente un régimen que permita a las compañías de la provincia competir en condiciones más equilibradas.
