Los cinco encausados están siendo juzgados por permitir la construcción de una empresa hortofrutícola a exediles socialistas en un terreno protegido
El juicio del famoso y polémico caso La Herradura de Caspe ha comenzado esta semana en Zaragoza después de 10 años de instrucción. En un principio fueron acusadas hasta 20 personas, pero en el banquillo se han sentado al final solo cinco de ellos: María Teresa Francín, exalcaldesa socialista de Caspe entre 1999 y 2011; María Isabel García y Félix Cortés, exconcejales caspolinos que ejercieron como tenientes de alcalde durante varias legislaturas; Carlos Manuel Miret, que fue arquitecto municipal de 1985 a 1995 y de 2001 a 2004; e Isabel Arnal, quien ejerció como secretaria del Ayuntamiento de Caspe durante los mandatos de Francín. A todos ellos se les acusa de prevaricación en la concesión de una licencia urbanística a una empresa para instalar una central hortofrutícola en los parajes conocidos como La Herradura, definidos como «suelo no urbanizable protegido» por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) caspolino, aprobado en 1987.
El juicio se está desarrollando en el Juzgado de lo Penal número 7, en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, desde el lunes y hasta el próximo jueves, 27 de septiembre. En la primera sesión todos los acusados han declarado que desconocían que los terrenos de La Herradura tenían la condición de protegidos. Además, han insistido en que ignoraban la condición que el PGOU de Caspe, que califica a esta zona de la localidad como parajes «de alto valor cultural» y «de gran significación ambiental», otorgaba a la zona.
Durante la jornada del martes testificaron varios testigos que las acusaciones consideran claves para el esclarecimiento de los hechos, como varios trabajadores del Ayuntamiento de la localidad en la época, como una oficial mayor. El miércoles declararán los peritos propuestos por las partes y se presentarán informes, mientras que las conclusiones finales se han reservado para la jornada del jueves, cuando el caso La Herradura quedará visto para sentencia, una década después de haber impuesto la querella criminal.
Por estos hechos, el ministerio público considera que los cinco acusados son presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio y solicita cada uno de ellos una pena de ocho años y seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y una multa de 4.320 euros. Además, el ministerio público pide a la magistrada María del Pilar Alguacil, titular del Juzgado de lo Penal número 7, que se destruya la edificación ilegal y los acusados paguen de su bolsillo los costes de demolición.
La acusación particular es más severa en su petición, y pide para cada uno de ellos una condena de dos años de prisión y 10 de inhabilitación por el delito de prevaricación urbanística. También pide el derribo de los edificios levantados sobre terrenos protegidos, cuyo coste cifra en alrededor de 355.100 euros.
Por su parte, la totalidad de las defensas solicitan la libre absolución de sus representados, aludiendo que no cometieron ningún delito cuando en el verano de 2002 concedieron la licencia a la empresa hortofrutícula. «Los acusados nunca supieron que el terreno era no urbanizable, ha habido numerosas contradicciones en las intervenciones de los testigos», ha señalado Abo Valentín Romero, abogado defensor de Maria Isabel García, una de las acusadas. «Mañana veremos que nunca se emitió un informe»
Diez años sin una sentencia
Me gustaría ver » el alto valor cultural» de esos terrenos. Esa esforzada oposición que utiliza una ridícula calificacion urbanística para atacar al partido contrario, en vez de cambiar ese mal PGOU, no me merece ningún respeto. Es más, me asusta que esos «legalistas» destructivos, estén en un Ayuntamiento
quizas se respete por fin el entorno de Caspe!