Más de 40.000 euros de gasto y cuatro familias aún sin vivienda casi tres meses después del desalojo preventivo del edificio número 8 del Paseo Nuevo de Caspe. La emergencia ha derivado en un conflicto económico y político en el Ayuntamiento, tras el rechazo por parte de la oposición al suplemento de crédito presentado por el Partido Popular en el pleno del pasado jueves.
El coste total asciende a 42.027,70 euros, entre los que destacan los importes de seguridad (18.125,80 euros), vales de comidas (4.470), así como el estudio geotécnico y el informe pericial del bloque completo (5.963,44 y 12.009,25). Desde el Consistorio advierten que, si no se desbloquea el suplemento de crédito, habría que incurrir en recortes en otras partidas presupuestarias para poder asumir las facturas. "Es un gasto sobrevenido que no estaba previsto y que hay que reponer", argumentó el concejal de Hacienda, José Miguel Albiac.
Desde Vox se cuestionó especialmente el coste de la seguridad privada. «Es muy importante que los caspolinos sepan que casi la mitad del gasto ha sido para seguridad privada; no lo entendemos cuando había efectivos públicos suficientes y seguimos sin información sobre este desalojo», señaló el portavoz, Germán Sanz.
Un edificio sin propietario efectivo
Por su parte, Chunta Aragonesista insistió en el carácter privado del edificio, que actualmente se encuentra sin propietario efectivo. La renuncia de los herederos complica la atribución de responsabilidades pero, según el procedimiento habitual, se espera que el inmueble termine siendo gestionado por el Gobierno de Aragón. Por ello, desde el grupo aragonesista insistieron en repercutir el gasto al Ejecutivo autonómico. "Estamos adelantando un dinero que entendemos por la urgencia, pero no vemos correcto que lo estén pagando los caspolinos», concluyó el portavoz Rafa Guardia.
En la misma línea, Somos Caspe criticó el elevado desembolso en seguridad. Cristian Poblador, portavoz del partido, afirmó que había vías más económicas que no fueron valoradas. "Esto genera dudas sobre la gestión. Se nos dijo que parte del coste lo asumiría la Comarca, pero no consta ningún compromiso, lo que evidencia una falta de coordinación institucional", añadió.
La desconfianza en el trabajo de los populares aún se evidenció más en el turno de intervención del Partido Socialista, que acusó la falta de transparencia y de planificación. "No sabemos quién debe asumir las facturas y llevamos varios plenos pidiendo información que no se nos facilita", reiteró el portavoz Abraham Martínez.
El PP saca pecho de su gestión
Los populares defendieron su gestión insistiendo en el carácter urgente y excepcional de la intervención. Según argumentaron, el Ayuntamiento tuvo que actuar con rapidez ante un riesgo real de derrumbe y una situación que dejó a varias familias sin vivienda de forma repentina, lo que obligó a tomar decisiones "inmediatas sin margen de planificación previa".
Respecto a uno de los puntos más cuestionados, el coste de la seguridad privada, el equipo de gobierno sostuvo que su contratación fue clave durante la primera semana del realojo para coordinar la llegada de las familias a los dos edificios prestados, el convento de Santo Domingo y el refugio cedido por las hermanas de Santa Ana. La alcaldesa, Ana Jarque, recordó que la falta de efectivos en la plantilla de la Policía Local, que cuenta actualmente con 12 agentes, complicó también la posibilidad de contar con efectivos para cubrir esta necesidad.
Frente a las críticas sobre la asunción del gasto, el gobierno local defendió que se actuó como administración más cercana y competente en primera instancia, y que ahora se está trabajando para repercutir los costes a otras entidades. En esa línea, explicaron que los gastos técnicos se incorporarán como cargas al inmueble, mientras que los sociales se intentarán derivar a la Comarca, que todavía no ha recibido la petición formal por escrito en el área de Servicios Sociales. "En todo momento hemos estado coordinados con los Servicios Sociales comarcales y ahora estamos estudiando cómo tramitarlo porque hay diferentes vías", atajó la primera edil.
Por último, rechazaron las acusaciones de falta de información, asegurando que se han celebrado reuniones y se ha dado cuenta de la situación en distintas ocasiones. Asimismo, el equipo de gobierno reivindicó que la prioridad ha sido en todo momento dar una respuesta inmediata a una situación de emergencia social y de seguridad.
Futuro incierto
Jarque añadió que las futuras actuaciones sobre el edificio todavía no están decididas, ya que los informes técnicos plantean distintas opciones, desde la reparación hasta la demolición o incluso la reconstrucción. La decisión dependerá del estado estructural del inmueble y de su futura titularidad.
Finalmente, los argumentos no fueron suficientes para la oposición. El suplemento de crédito quedó desestimado con seis votos a favor (PP), ocho en contra (Vox, CHA y PSOE) y tres abstenciones (Somos Caspe).
Que paguen servicios sociales y si no que se los lleven a sus casas, uno cada uno