Las cuatro familias que llevan viviendo desde febrero en el albergue municipal, tras el desalojo del edificio en Paseo Nuevo, temían el día en que se les notificara que debían abandonar estas instalaciones, después de que el Ayuntamiento anunciara que acudiría a la vía judicial. El aviso llegó esta semana, cuando la Guardia Civil se acercó al albergue -ubicado en el convento de Santo Domingo- para comunicarles la fecha límite: este viernes, 7 de agosto, deben salir con sus pertenencias.
El aviso fue verbal, tal y como explica una de las afectadas, Rosario Suárez, que esperaba recibir una notificación escrita. "No sabemos nada más, nos dijeron que el viernes nos echan. Fuimos a hablar con los trabajadores sociales y, en mi caso, me ofrecieron pisos en alquiler que no puedo pagar", explica la vecina que, además, tiene a su cargo un hijo que, aunque es mayor de edad, tiene una discapacidad.
El precio del alquiler que señala que tendría que afrontar por un piso en Alcañiz supera los 700 euros, una cifra que choca con la pensión que percibe de unos 1.100 euros. "Hay que pagar los gastos y ya no cuento tampoco con ayudas por la discapacidad de mi hijo. Es imposible pagarlo y, además, me ponen pegas por mi perrita que lleva con nosotros 11 años y no puedo abandonarla", añade.
Escasez de vivienda en Caspe
Por otro lado, en Caspe, la oferta de vivienda es muy escasa, sobre todo con la llegada de los trabajadores temporales para la recogida de la fruta. Por ello, ha solicitado al Ayuntamiento que amplíe el plazo hasta septiembre para ver si se libera alguna vivienda asequible. Recalca que no pide ningún lujo y que "cualquier piso con una habitación, una cocina y un baño" le sirve. "Solo pido un techo para mi hijo y para mí", insiste.
En cuanto a los menores, temen que, sin una vivienda, podrían ser derivados a un centro de menores, según han podido saber las familias. Esa posible medida alejaría a los niños de sus progenitores o tutores, dado que la mayoría de estos centros se concentran en Zaragoza. En una situación similar se encuentra el hijo de Suárez que, aunque es mayor de edad, tiene reconocida una discapacidad y sería trasladado a un centro especializado. Su madre lamenta que, pese a la urgencia, no tiene ni familia ni amigos que puedan acogerlos. "Me veo en la calle. Nos han destrozado la vida", recrimina en relación al desalojo preventivo de su anterior vivienda.
Tensión e incertidumbre
En el albergue, a dos días del anunciado desalojo, se aprecian la tensión y la incertidumbre que sufren los 14 reubicados, y que, a su vez, se mezclan con los sonidos del día a día. Se escuchan labores domésticas y las conversaciones entre familiares, mientras se observa el vaivén de quienes entran y salen de trabajar, como Iwona Agnieszka, que ha conseguido empleo temporal en la campaña agrícola.
Las familias desconocen qué ocurrirá el viernes y cómo actuarán las autoridades en el desalojo del albergue. En el caso de Suárez, estará fuera toda la mañana debido a asuntos médicos y espera que le dejen entrar para recoger sus enseres. Por su parte, el Ayuntamiento, los Servicios Sociales de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe, Guardia Civil y Policía Local han mantenido este miércoles una reunión para coordinar el operativo.
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