El Consejo de Gobierno de DGA ha acordado interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que permite la instalación de placas fotovoltaicas flotantes en, al menos, 14 aragoneses pantanos de titularidad estatal. Entre ellos, tres bajoaragoneses: Cueva Foradada (entre Alcaine y Oliete), La Estanca (Alcañiz) y Gallipuén (Berge). Los 11 restantes son Moneva, El Val, Lechago, Tranquera, Sotonera, El Grado, Montearagón, Ardisa, San Salvador, Búbal y Lanuza.
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ya anunció en julio la intención del Ejecutivo aragonés de crear una normativa que restrinja la instalación de placas fotovoltaicas en nuestros embalses, una restricción que formará parte del próximo Plan Energético de Aragón. La instalación de placas sobre las aguas se considera desde el Ejecutivo autonómico una medida con un impacto medioambiental negativo y nociva para el desarrollo económico, turístico y cultural de Aragón además de generar un importante perjuicio a los regantes.
El Gobierno de Aragón entiende que la comunidad tiene suficiente territorio —casi el 10% del total de España— como para tener que instalar paneles en estos embalses que, además de acoger numerosas actividades turísticas, deportivas y económicas, además de jugar un papel fundamental para los regantes, quienes deben tener garantizado que el 100% del agua almacenada es para uso prioritario de riego, algo que no queda garantizado si se permite que estas instalaciones ocupen hasta un 15% de la lámina de agua.
Las Cortes de Aragón, en Acuerdo del Pleno de 28 de junio de 2024, ya aprobaron el Dictamen elaborado por la Comisión de Investigación sobre la implantación de las energías renovables en Aragón. Ahí se incorporó la siguiente recomendación: «Instar a que el Gobierno de Aragón no autorice la instalación de plantas fotovoltaicas en los embalses aragoneses hasta que se haya elaborado el Plan Energético Aragonés 2021-2030 y la Ordenación Territorial de Energías Renovables en nuestra comunidad autónoma; y a que, tanto en el Plan Energético Aragonés 2021-2030 como en la Ordenación Territorial de Energías Renovables, no se autorice la instalación de plantas fotovoltaicas en los embalses aragoneses».
Argumentos
La Dirección General de Servicios Jurídicos entiende que es jurídicamente razonable el ejercicio de acciones judiciales en el Orden Contencioso-Administrativo por dos argumentos de peso. En primer lugar, la omisión del trámite de consulta previa. Tal y como se ha interpretado por el Tribunal Supremo en más resoluciones --entre otras, en la Sentencia nº. 931/2024, de 28 de mayo, de la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, dictada en el recurso nº. 815/2022--, el trámite de consulta previa regulado en los artículos 133 LPAC y 26 LG únicamente puede omitirse en la elaboración de normas reglamentarias de la Administración General del Estado de carácter presupuestario u organizativo cuando, además, concurran razones graves de interés público que lo justifiquen, no se impongan obligaciones relevantes a los destinatarios o se regulen aspectos no esenciales de una materia. Analizado el contenido del Real Decreto 662/2024, de 9 de julio, no se cumplen estas circunstancias.
El segundo argumento es la vulneración de los principios de buena regulación. A juicio de los Servicios Jurídicos, en la tramitación del Real Decreto se han infringido, al menos, tres de los principios recogidos en el artículo 129 LPAC: la necesidad y seguridad jurídica, por cuanto el Real Decreto 662/2024, de 9 de julio, al desarrollar el artículo 77 bis del texto refundido de la Ley de Aguas es insuficiente; el principio de transparencia, en relación con el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en tanto solamente se han publicado en el Portal de Transparencia el proyecto, la Memoria de Análisis de Impacto Normativo y el dictamen del Consejo de Estado, por lo que aparentemente se ha omitido la publicación del resto de informes y dictámenes preceptivos; la infracción del artículo 18 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y de evaluación ambiental, dado que el artículo 3.3.d) del Real Decreto 662/2024, de 9 de julio, otorga la iniciativa para solicitarla al órgano sustantivo y no al promotor. También vulnera la afección a competencias concurrentes autonómicas, entre otras la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, normas adicionales sobre protección del medio ambiente y turismo (artículos 77.8ª, 22ª 51ª EEAr), y la participación y colaboración en los órganos de gestión estatal de los recursos hídricos y de los aprovechamientos hidráulicos que pertenecen a cuencas hidrográficas intercomunitarias que afecten a Aragón (artículo 72 EAAr).
La impugnación se basa en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que modificó el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, introduciendo en su articulado un nuevo artículo 77 bis, con el objeto de establecer las bases del régimen jurídico de la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en embalses, que hasta entonces carecían de regulación. También en que el 1 de agosto de 2024 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 662/2024, de 9 de julio, por el que se pretende desarrollar el artículo 77 bis del texto refundido de la Ley de Aguas, añadiendo una nueva sección 6ª bis en el capítulo III del título III en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, denominada ‘Especialidades en la tramitación de concesiones sobre instalaciones solares fotovoltaicas flotantes’.
Ya sólo nos faltaría ver el agua de la Estanca cubierta de placas solares. Nos estamos quedando si agricultura o bosques por culpa de las renovables y ahora también los pantanos. INCREIBLE
A quién se le habrá ocurrido semejante disparate ???.