En un pleno cargado de simbolismo porque era el primero que la Diputación de Teruel celebraba fuera de su sede; la institución provincial acordó este jueves en Alcañiz revisar los precios de los contratos públicos en un máximo del 20% por el encarecimiento de los costes que supondrá un gasto extra estimado entre 2,5 y tres millones de euros. Todos los diputados de la Diputación de Teruel cambiaron el salón de plenos provincial por el de la Comarca del Bajo Aragón para celebrar la sesión ordinaria del mes de abril coincidiendo con la conmemoración del Día de San Jorge en la capital bajoaragonesa. Antes los representantes provinciales fueron recibidos por la corporación municipal de Alcañiz en el Ayuntamiento y celebraron su tradicional rueda de prensa previa al pleno en el despacho de la presidencia del Bajo Aragón, del que todos coincidieron en destacar su gran tamaño.
Un máximo del 20%
Concretamente, la Diputación de Teruel aprobó ayer aplicar el Real Decreto-ley 3/2022 de 6 de abril por el que se adoptan medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública en Aragón y que permitirá paliar los problemas generados en los contratos públicos por el encarecimiento de las materias primas. El presidente, Manuel Rando, explicó que con las subidas de precio de las materias primas en muchos casos «los contratos de obra pública quedan obsoletos» así que con la aprobación de este decreto se revisarán los precios de una manera rápida después de que el Gobierno de Aragón también hiciera lo propio. De esta forma se da respuesta a esta situación que ha llevado a que los ayuntamientos de la provincia no hayan podido ejecutar más de 6 millones de euros del POS 1 (Plan de Obras y Servicios de la DPT). Además, subrayó que esta aprobación «va a dar pie a que se reanuden obras pasadas, obras presentes, con el apoyo de la Diputación de Teruel» y de este modo «generar actividad económica, generar empleo y a la postre mejorar los servicios públicos de todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia y de los barrios pedáneos, que por primera vez en esta legislatura tienen un presupuesto propio».
Por su parte, el vicepresidente Alberto Izquierdo, que es además el diputado delegado del Servicio de Vías y Obras, agradeció al personal de la Diputación la diligencia para aprobar este decreto, muy importante ha dicho para llevar a cabo la obra pública propia de la institución provincial. «En este momento hay adjudicados 20 millones de euros que las empresas nos estaban diciendo que no podían ejecutar porque perdían dinero», destacó.
Como ejemplo del encarecimiento de materias primas que han llevado a esta situación puso como ejemplo el precio del betún, derivado del petróleo que se utiliza para las obras en carreteras. A eso hay que sumar que la normativa actual establece que si las empresas renuncian a los contratos hay obligación de sancionarles. «Si hacemos eso y les prohibíamos contratar con la administración no habría empresas en Teruel para hacer las obras», afirmó Izquierdo.
El Decreto-ley, según acordó el pleno, se aplicará a los contratos públicos de obras, administrativos y privados, o los contratos mixtos respecto a las prestaciones de obras que se encuentren en ejecución, licitación, adjudicación y formalización a la entrada en vigor de este decreto, que fue el 9 de abril de 2022. En la Diputación afecta principalmente a los contratos de mantenimiento y construcción de carreteras, mejora de vías, conservación de y mantenimiento de edificios públicos y suministros de determinados materiales.
La normativa contempla aplicar el incremento del coste de los materiales empleados para la obra adjudicada cuando esta subida haya tenido un impacto directo y relevante en la economía del contrato durante el ejercicio 2021. Cuando no esté establecida revisión de precios en los correspondientes pliegos, se deberá aplicar las que corresponda por la naturaleza de la obra que se encuentran fijadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, exceda del 5% del importe certificado en el contrato de 2021. En todo caso, la revisión excepcional no podrá ser superior al 20%. Para que se aplique esta revisión de precios es necesario el reconocimiento por el órgano de contratación competente y previa solicitud del contratista de una revisión excepcional de precios, calculada conforme dispone ese Real-Decreto-ley de 1 de marzo.
También cabe la posibilidad, a petición de la adjudicatario de la obra y previo informe del responsable del contrato, a criterio del órgano de contratación podrá acordarse una modificación de los materiales tomados en cuenta para la elaboración del proyecto que sirvió de base a la licitación, siempre que la modificación permita una rebaja de los precios y no implique una merma en la funcionalidad y seguridad de la obra en ejecución. Esta posible modificación se ha de tramitar de conformidad con ella artículo 5 del Decreto-ley 3/2022, de 6 de abril.
Además, contempla la exclusión de imposición de penalidades por falta de suministros por escasez den el mercado debidamente acreditada, algo que deberá informar el responsable del contrato.
El Real Decreto-Ley también será de aplicación al resto de entidades locales siempre que adopten un acuerdo expreso previo para que se aplique el régimen de la revisión excepcional de precios a los contratos públicos por ellos adjudicados.
Mociones de Cs y PP
En el pleno también se debatieron tres propuestas de los grupos. De las dos propuestas presentadas por el Partido Popular, la primera era en relación con la adopción de medidas, por parte del Gobierno de España para acometer una rebaja de impuestos que «ayude a aliviar la situación en la que viven las clases media y bajas de nuestro país, que están teniendo graves problemas para llegar a final de mes». «Desde la izquierda no entienden que con una subida de impuestos se acaba frenando la economía y creando menos empleo, lo que repercute en la recaudación. Una consecuencia que provoca que no se pueda mantener la misma calidad de los servicios públicos», dijo la diputada Yolanda Sevilla. Esta propuesta no fue aprobada con el voto de calidad del presidente, tras los votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos, en contra de los representantes del PSOE y Ganar y la abstención de los diputados del PAR, después de que el PP no aceptara las enmiendas presentadas por esta formación.
La segunda propuesta presentada por el Partido Popular abordaba la necesidad de que el Gobierno de Aragón vuelva a solicitar los fondos de recuperación empresarial no gestionados durante la pandemia. Esta propuesta se convirtió en una declaración institucional apoyada por todos los grupos.
La presentada por Ramón Fuertes de Ciudadanos en relación con la celebración de unos Juegos Olímpicos de invierno en igualdad de condiciones entre Aragón y Cataluña salió aprobada con los votos a favor de todos los grupos excepto del diputado de Ganar-IU, Pedro Bello, votó en contra porque considera que medioambientalmente y económicamente no es sostenible.
Lo que tiene que hacer la DPT es dejarse de tanta estúpida burocracia, ampliar plazos a los demás y ser más rápidos ellos.
Que comedero de buitres