Los funcionarios recibieron graves amenazas y solicitaron una orden de protección al juzgado
El Partido Popular del Bajo Aragón-Caspe denuncia la actitud de la entidad comarcal, y de su presidente Francisco Domenech, por negar el derecho a la asistencia jurídica a tres trabajadores sociales que recibieron graves amenazas de un vecino mientras desempeñaban su función en dependencias comarcales. Así lo reflejan en un comunicado de prensa en el que los populares muestran su apoyo a los trabajadores y rechazan cualquier manifestación de violencia hacia los trabajadores públicos.
Los hechos ocurrieron el pasado 16 de octubre, cuando desde el área de Protección de la Infancia del Gobierno de Aragón decidieron retirar la custodia de los hijos de un vecino de Caspe, que, al parecer, vertió una serie de amenazas de extrema gravedad, alguna de ellas incluso de muerte, a tres trabajadores sociales que se encontraban en el edificio comarcal. Ante tal intimidación, los funcionarios decidieron llamar a la Guardia Civil exponiendo los hechos y posibles medidas de protección.
Fue entonces cuando los trabajadores se pusieron en contacto con el consejero delegado de servicios sociales de la Comarca para informe de lo acontecido y de las gestiones iniciadas con Policía Local y Guardia Civil. La Benemérita explicó a los trabajadores que las únicas medidas que se pueden establecer ante un riesgo o amenaza es denunciar los hechos e interponer, como medida cautelar, una orden de protección.
Los trámites continúan y desde la asistencia jurídica de la Comarca se informa a los trabajadores que no existe un protocolo de actuación para estos casos, aunque la Comarca tiene reconocido dentro del convenio laboral la asistencia jurídica. Dentro de todo este proceso, el presidente de la comarca del Bajo Aragón-Caspe, Francisco Domenech, no ve conveniente que se proceda a denunciar y anuncia a los trabajadores que si deciden tomar ese camino, será a título individual y que la Comarca no se hará cargo de los gastos de la abogada.
«Lo primero que no comprendemos es que el presidente no esté a favor de los trabajadores y que les deniegue un derecho que está incluido en el convenio laboral. Por otra parte, nos sorprende que nos intentaran ocultar todo lo sucedido. Nosotros nos enteramos por rumores, porque era algo que se comentaba en las calles, y creemos que esa no es la actitud que debería tomar esta Comarca», lamentó Jesús Zenón, portavoz del Partido Popular en el Bajo Aragón-Caspe.
Por su parte, el presidente de la Comarca, Francisco Domenech, se mostró sorprendido por el devenir de los acontecimientos y dijo comprender la respuesta de la persona denunciada por los trabajadores sociales, todo pese a que el juzgado de Caspe dio la razón a los trabajadores y decretó una orden de protección ante el denunciado. «Yo creo que los trabajadores no deberían de darle tanta importancia a este asunto. Se trata de una reacción lógica por parte de alguien que está enojado, porque es una situación delicada. Además, las amenazas no se han vuelto a repetir, por lo que hay que darle la importancia que tiene y no darle más vueltas».
Desde el Partido Popular señalaron que la sensación de «desconcierto» en la Comarca es total por la actitud tomada por el presidente comarcal y subrayaron que algunos trabajadores incluso «están asustados». «En el momento en el que ocurrieron los hechos se tenía que haber convocado de urgencia a la Comisión de Servicios Sociales. Nos hemos enterado de casualidad de todo este asunto y la actitud del presidente es inexplicable, porque no entra en el fondo de la cuestión», indicó Zenón, al tiempo que explicó que en el próximo pleno comarcal impulsarán una moción para aclarar la polémica y escuchar la opinión del resto de grupos políticos.
Cabe destacar que el convenio de los trabajadores establece, a través del artículo 68, que «la Comarca del Bajo Aragón-Caspe garantizará la defensa jurídica del personal laboral en vía penal», algo que desde el PP denuncian que se ha incumplido. De la misma manera, la ley 9/2013 del 28 de noviembre de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón, en su artículo 9, establece que la Administración promoverá que los profesionales cuenten con la adecuada asistencia jurídica y protección como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones.
MARIA DE LOS ANGELES MONTAÑÉS dice
que nivel… Maribel