El último Plan del Carbón se rubricó oficialmente el miércoles en el Ministerio de Transición Ecológica. El propio nombre de esta nueva cartera ya define en sí mismo el fin de la energía vinculada al carbón y las centrales térmicas, con una ministra ecologista y reacia a cualquier tipo de prórroga. El Plan del Carbón firmado con los sindicatos es un marco negociado que establece una transición justa y ofrece salida de futuro a las personas que viven de la minería. Como acuerdo más relevante se ha conseguido que el Gobierno Central se comprometa a «promover» el uso del carbón autóctono competitivo, como es el caso del de Teruel, donde la empresa Samca ya ha dejado claro que puede continuar sin ayudas y cuya implicación territorial la ha llevado a plantear otras vías de desarrollo como la fabricación de fertilizantes derivados del carbón en las minas turolenses. Esta es una de las máximas esperanzas de futuro a largo plazo de Ariño. En esta población hay futuro gracias a esta posibilidad, y también a las acertadas inversiones en reconversión vinculadas al balneario de Ariño, cuya capacidad de generar empleo es ascendente. Esta es la dirección en la que la sociedad de la cuenca minera pide que se trabaje por sus pueblos, especialmente en Andorra, donde la falta de alternativa empresarial y el inminente cierre de la Térmica abocan a la tercera población de la provincia a un futuro muy negro.

La situación de la Térmica no tiene nada que ver con el acuerdo firmado esta semana sino con la política energética nacional y europea, a las que la multinacional vincula su decisión de invertir 190 millones de euros para adaptarse o no a la normativa de contaminación. Solo una política energética nacional que asegure el sostenimiento del carbón en el mix energético puede hacer cambiar la voluntad de Endesa, pero ni una sola de las afirmaciones de la nueva ministra abre la puerta a esta posibilidad.

Respecto al Plan del Carbón, se establecen importantes fechas y acuerdos cuyo cumplimiento está por ver, sobre todo teniendo en cuenta los precedentes de anteriores planes, cuya ejecución ha sido mínima con flagrantes compromisos incumplidos. Hasta 2027 habrá ayudas a la reactivación y hasta 2025 medidas especiales para empresas. También, se prevén 250 millones para nuevas instalaciones empresariales y ampliar las existentes. Se habla de un «Plan de Acción Urgente» con actuaciones, como el desarrollo de renovables, para fijar empleo pero no se concreta. El plan social también incluye prejubilaciones para más de 48 años,o 20 años cotizados, y otras medidas para recolocar a otros empleados. Sin embargo, ahora, la labor más difícil será llevar lo acordado sobre el papel a la realidad, en esa tarea, comunidades autónomas, ayuntamientos, y agentes sociales deben ir de la mano, rápido, dejando atrás cualquier otro tipo de enfrenamiento. Hacen falta proyectos empresariales que aporten empleo y valor añadido a la cuenca minera, especialmente a Andorra, cuyo aislamiento frente al emprendimiento en los municipios del entorno es más que preocupante.