Las organizaciones empresariales turolenses se muestran en desacuerdo y lamentan las declaraciones que el PSOE aragonés realizó en las Cortes de Aragón en el marco de un debate sobre las ayudas al funcionamiento para las provincias de Teruel, Cuenca y Soria presentada por el PP contó con el apoyo de todos los partidos a excepción del PSOE, que se abstuvo. Los empresarios defienden que las ayudas de funcionamiento no consisten en que los gobiernos regalen a las empresas el 20% de los costes laborales por ser de un territorio determinado, tal y como han declarado los socialistas aragoneses. Estas ayudas son una medida de equidad territorial que busca compensar un claro desequilibrio estructural frente a las zonas más pobladas.
Asimismo, los empresarios explican que estas ayudas no se conceden de forma indiscriminada, sino bajo criterios regulados cuyo propósito es equilibrar oportunidades y compensar desventajas territoriales. Además, recuerdan que, una vez superados los 12,5 hab./km2, estas ayudas no se aplicarían, ya que se supera el umbral que establece la Unión Europea para considerar un territorio despoblado.
El diputado del PSOE Daniel Alastuey dijo en la comisión que se estaba confundiendo «costes laborales» con «cotizaciones sociales» y que «ningún gobierno va a regalar de manera indefinida a las empresas por ser de un territorio determinado", lo que ha molestado a los empresarios.
Desde las patronales consideran que cuestionar estas ayudas como lo han hecho los socialistas resulta un insulto para todos los turolenses y exigen disculpas al tejido empresarial por las declaraciones de Daniel Alastuey. Asimismo, no entienden que el anterior Ejecutivo aragonés, encabezado por el partido socialista, trabajara de forma ardua por estas ayudas y, en la actualidad, este mismo partido realice este tipo de manifestaciones.
El empresariado señala que hay que abandonar el debate simplista de que se trata de un beneficio para las empresas y hay que entender estas ayudas en toda su magnitud y teniendo en cuenta el impacto tangible que tendrían en el territorio si se aplicasen al máximo permitido.
Además, los empresarios advierten que negar la utilidad y la importancia de estas ayudas es ignorar la realidad de un territorio que se enfrenta a multitud de desafíos estructurales que dificultan su crecimiento, como la escasez de infraestructuras, la baja densidad de población o las dificultades de acceso a algunos servicios. Asimismo, matizan que no hay que mezclar estas ayudas con la mal llamada fiscalidad diferenciada.
La aplicación máxima de estas ayudas repercutiría en aspectos como la creación de empleo y mejoras en las condiciones laborales, reducción de la desigualdad territorial y desarrollo más equilibrado, fortalecimiento del tejido productivo local, consolidación de un entorno más atractivo para la inversión, entre otros beneficios. En definitiva, las ayudas podrían contribuir a que vivir en la provincia de Teruel sea una opción real y con oportunidades similares a las zonas más pobladas, cubrir el déficit de las necesidades de empleo que existen en la provincia y atraer talento.
Asimismo, los empresarios lamentan que no sea la primera vez que el PSOE ataque la aplicación de estas ayudas. Con anterioridad, la portavoz del Gobierno de España y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, comparó la «singularidad fiscal» de Cataluña con las ayudas de funcionamiento que reciben las empresas de Soria, Cuenca y Teruel. En aquella ocasión, los empresarios también manifestaron su disgusto por las equivocadas declaraciones de la socialista.
Las patronales seguirán reivindicando y luchando por la defensa de estas ayudas y la urgencia de intensificarlas hasta el 20% que permite la Comisión Europea, y consideran que se trata de una medida imprescindible para revertir la despoblación y garantizar que la provincia de Teruel tenga futuro.
