La falta de viviendas disponibles en Caspe mantiene sin alternativa habitacional a las cuatro familias con nueve menores que residen en el antiguo Convento de Santo Domingo. Todos ellos fueron desalojados en el mes de febrero tras declararse en ruina la vivienda en la que residían. Mientras los Servicios Sociales de la Comarca del Bajo Aragón continúan buscando alojamientos, el futuro de las familias dependerá de la resolución judicial que deberá determinar si concurren circunstancias de vulnerabilidad que impidan ejecutar un eventual desalojo.
Servicios Sociales explica que desde el primer momento se ha trabajado junto a las familias para tratar de localizar viviendas, aunque hasta ahora todos los intentos han resultado infructuosos. Esta falta de alternativas se atribuye a la escasa oferta de alquiler existente en Caspe durante la campaña agrícola. Según señalan, muchas viviendas están ocupadas por temporeros, otras no salen al mercado y, en algunos casos, los propietarios prefieren no alquilarlas o fijan precios inasumibles para estas familias.
Desde Servicios Sociales consideran que la situación podría cambiar una vez finalice la campaña agrícola, cuando parte de las viviendas actualmente ocupadas por trabajadores temporales queden libres. No obstante, reconoce que se trata únicamente de una posibilidad y que, a día de hoy, no existe ninguna garantía de que aparezcan inmuebles disponibles.
Además, los propios afectados desean permanecer en Caspe, ya que se trata del lugar donde trabajan y han desarrollado su proyecto de vida, lo que reduce todavía más las opciones disponibles. También indica que se han realizado consultas en otros municipios de la comarca, aunque sin resultados positivos.
Mientras tanto, la atención a las familias continúa siendo constante. Desde la Comarca mantienen un seguimiento semanal para atender sus necesidades y acompañarlas en la búsqueda de soluciones, aunque recuerdan que no disponen de viviendas públicas propias para ofrecerles alojamiento. Únicamente consultan propietarios y diferentes personas por si existiera la opción de alguna vivienda libre para las familias.
El futuro de los menores dependerá del juzgado
La decisión sobre el futuro de las cuatro familias y, especialmente, de los nueve menores, recae ahora en el juzgado. Desde la Comarca del Bajo Aragón-Caspe recuerdan que, una vez iniciado el procedimiento judicial, corresponderá al juez valorar si existe una situación de vulnerabilidad que justifique la permanencia de las familias en el inmueble.
En este tipo de procedimientos, el juzgado puede solicitar un informe de vulnerabilidad para determinar las consecuencias que tendría un eventual desalojo sobre los menores. Se trata de una valoración que corresponde exclusivamente a la autoridad judicial y no es posible anticipar cuál será la resolución.
Las familias continúan buscando vivienda
Desde una de las familias afectadas, Iwona explica que siguen trabajando junto a los Servicios Sociales para encontrar una solución mientras esperan noticias del procedimiento judicial. Según relata, recientemente mantuvieron un nuevo encuentro con personal de la Comarca para abordar la búsqueda de un abogado de oficio y hacer seguimiento de la situación tras la comunicación remitida al juzgado.
"Necesitamos cada día buscar vivienda, pero de momento no sale nada. Ahora, con las vacaciones de agosto, todo va más despacio, así que seguimos pendientes y buscando una casa", señala. Mientras tanto, las cuatro familias permanecen a la espera de que aparezca una alternativa residencial o de que el juzgado determine cómo debe resolverse su situación.
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