José María Justa: «Hay que repartir los beneficios de las renovables con las personas del territorio»

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la electricidad es un recurso que se consume instantáneamente. Por tanto, los sistemas tienen que estar muy bien interconectados para mantener el equilibrio entre lo que se está consumiendo y produciendo. No obstante, hay algunas zonas que debido a sus características naturales o bien por las inversiones que se han realizado en producción de energía tienen un excedente local de producción. Con el avance de las energías renovables en territorios como Aragón, donde hay más producción que consumo, se han desarrollado iniciativas para tratar que revierta localmente y que suponga un beneficio técnico y económico para el territorio.

Disponer de mucha producción de energía local y, además, competitiva hace que Aragón sea una ubicación atractiva para las empresas cuando la electricidad se puede proveer directamente de los centros de generación a los de consumo. Todo ello, crea puestos de trabajo y un valor de que la energía que se produce en el territorio se convertirá en local.

Hay empresas que están utilizando la figura del autoconsumo. En España esta articulado favorablemente desde el año 2019 y permite que una compañía pueda producir parte de su propia energía. En Aragón hay muchos ejemplos y es un factor de atracción de empresas muy importante, sobre todo para grandes compañías que consumen mucha energía, como pueden ser los centros de datos.

El objetivo de consumir localmente la energía que se produce es crear riqueza en el territorio. Muchas veces los proyectos pueden ser de un término municipal o incluso superar ese ámbito. Por ello, deben buscar el equilibrio para que los proyectos sean compatibles con el resto de actividades, con los aspectos ambientales y con la creación de la riqueza local atrayendo industria.

Es fundamental entender las prioridades de todas las partes. Por un lado, existe un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Con él, el gobierno tiene una hoja de ruta que dice que hay que construir todavía más parques eólicos y solares para poder alcanzar los objetivos de llegar a 2030 con un 74% de energía renovable. Todo ello, viene de un mandato europeo en el que el objetivo es descarbonizar rápidamente porque el cambio climático ya nos está afectando. Por ello, hay una prioridad política urgente de desarrollar lo máximo posible la producción de las energías renovables. No obstante, esta urgencia no puede hacerse en contra de las prioridades que existen de las personas y empresas de los municipios del territorio.

Para realizar ese proceso las administraciones públicas tienen una responsabilidad muy importante y el gobierno debería haber sido más activo en facilitar ese diálogo entre los promotores de los proyectos, los municipios, las asociaciones ciudadanas o otras actividades empresariales que ya existen en el territorio. Al final, quien tiene que planificar y observar cómo se va desarrollando el territorio es el gobierno. Es una responsabilidad muy importante que debería llevar a cabo.

Puede haber impactos favorables y desfavorables, aunque económicamente es muy positivo tanto para las personas como para los municipios que pueden verse afectados. Por ejemplo, si se alquila a un agricultor una superficie, normalmente el pago del arrendamiento es muy sustancioso. También lo es para los municipios en su conjunto por los impuestos que van a pagar por esos proyectos. No obstante, puede haber impactos menos favorables para aquellas personas o actividades que puedan verse afectadas por las instalaciones. En definitiva, habrá que ver cómo se pueden compatibilizar ambos tipos de infraestructuras: los ya existentes con los nuevos que se proponen para producir energía.

En ciertos tipos de cultivos sí, de hecho, ya se está desarrollando la agrivoltaica que supone compatibilizar los cultivos que puedan crecer encima de ellos o alrededor de las instalaciones solares. Se podría realizar con cultivos que no se elevan mucho de la superficie de la tierra.

Es una muy buena medida ya sea directamente en la factura de la luz o indirectamente a través de los ingresos que perciben los municipios y que pueden repercutir en los vecinos. Hay que repartir los beneficios que se obtengan de la producción de la energía con aquellas personas o actividades que viven en el territorio.

El problema es que España va muy despacio en la transposición de las directivas europeas. Por ejemplo, todavía no tenemos aprobado el proyecto de comunidades energéticas que está en directivas desde el año 2018. En estos momentos, no sabemos qué podemos hacer con las comunidades energéticas, por tanto, hay que exigir al gobierno nacional que desarrolle instrumentos que podrían ser muy útiles también para que los ciudadanos puedan producir su propia energía y compartirla. Existen posibilidades con el consumo colectivo, pero falta potencia con las comunidades energéticas. Hay mucho trabajo por hacer para que lo que ya es posible en el ámbito europeo se pueda hacer en el ámbito local y autonómico.

Es algo difícil de responder. No obstante, las energías renovables requieren de mucho empleo cualificado no solo en la construcción, sino también en el mantenimiento de las instalaciones. Hay oportunidades para que parte del empleo que se ha perdido se reconduzca a los nuevos sectores, aunque probablemente el número de puestos de trabajo no sea equivalente.

Existe un problema de mano de obra cualificada tanto para el diseño, la construcción o el mantenimiento de todo este tipo de instalaciones. Es una parte muy importante del proceso disponer de personal cualificado y también es una oportunidad para que esas personas salgan del propio territorio en el que se implantan las renovables.