El titular de Justicia recibió al lobby creado por las organizaciones empresariales de Cuenca, Teruel y Soria
Los representantes de la Red SSPA (Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa) se reunieron el miércoles con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para trasladarle la situación que viven los municipios de Cuenca, Soria y Teruel en relación a la despoblación. Los responsables de las formaciones empresariales de las tres provincias le trasladaron la necesidad de «tomar medidas» para revertir la situación.
Entre ellos, estuvo el presidente de CEOE Teruel, Carlos Torre, que valoró muy positivamente la actitud del Ministro. «Lo vimos muy interesado y se comprometió a ponernos en contacto con las autoridades europeas adecuadas», dijo Torre.
Rafael Catalá explicó que lo que pretende el departamento «es coordinar los esfuerzos del gobierno de España y del resto las administraciones públicas, administraciones locales, Diputación Provincial y también los gobiernos autonómicos para abrir la Unión Europea y hacer la declaración de zonas Escasamente Pobladas». Ello permitiría la atracción de fondos europeos y de proyectos para luchar contra la despoblación.
Política europea diferente
Los presidentes explicaron que esta Red SSPA, lobby creado por las organizaciones empresariales, es una figura homóloga a otras organizaciones que trabajan hace tiempo en los países del norte de Europa, y que tiene como objetivo conseguir que en 2020 exista una política europea distinta para estas regiones escasamente pobladas. «El objetivo es participar en diseñar una política a la medida de nuestro escaso peso específico», recalcó Torre. Detalló que como lobby ya han inciado contactos fuera de España. Se han reunido con grupos de presión y asociaciones que llevan años reivindicando lo mismo en las regiones del norte de Suecia y Finlandia.
«Asunto de Estado»
También de despoblación se habló esta semana en la Conferencia de Presidente autonómicos. El presidente de Aragón, Javier Lambán, reivindicó la puesta en marcha de estrategias contra la despoblación y recordó que Aragón participa en un foro de ocho comunidades que trabajan en la elaboración de una estrategia nacional. Por eso, exigió al Gobierno central que asuma estas medidas como «una política de Estado» y que sea capaz de trasladar a la Unión Europea este problema, de forma que lo asuma como una prioridad a la hora de asignar fondos.
