Un juzgado ha condenado al Ayuntamiento de Alcañiz a pagar 568.000 euros por facturas eléctricas impagadas durante un año a una empresa local. La sentencia, que data del pasado mes de marzo, era desconocida hasta este lunes, cuando se ha hecho pública con motivo de la modificación presupuestaria necesaria para afrontar el gasto. En un principio, la empresa Fulton reclamaba 734.000 euros —el valor de las facturas y los intereses generados durante este tiempo—, pero la negociación entre el Consistorio y la empresa ha rebajado la deuda que tiene que afrontar el Ayuntamiento hasta los 568.000 euros.
El origen del conflicto surge en un contrato de 2013 que el Ayuntamiento que en aquel momento lideraba Juan Carlos Gracia Suso (PP) suscribió con la empresa Fulton y que tenía como objetivo mejorar la eficiencia energética de los edificios municipales para, entre otras cuestiones, mejorar la factura de la luz. En 2014, debido a un cambio de legislación, se modifica la formula que calcula el coste. El problema reaparece en 2022 cuando, debido a la guerra en Ucrania, el coste de la luz se dispara. En aquel momento, según apuntan desde el PSOE, los informes técnicos desaconsejan pagar el incremento que consideran desproporcionado. Finalmente, y tras la judicialiczación del proceso, el Ayuntamiento ha perdido el pleito y tiene que abonar el coste.
El equipo de Gobierno reconoce que, aunque la sentencia podría haberse recurrido ante el Supremo, asume la decisión judicial y defiende que se trata de un problema que «viene de la legislatura anterior». «Si nos dan un servicio, tenemos la responsabilidad de asumir la factura», ha explicado la concejal de Hacienda, Anabel Fernández.
Desde el PSOE en cambio defienden que, avalados por lo informes técnicos del momento, las facturas no se abonaron porque el precio que la empresa marcaba para la electricidad estaba «muy por encima del precio real de mercado». Lamentan también que esta cuantiosa cifra no se tuviera en cuenta a la hora de gestionar el Plan Económico Financiero, que el pleno aprobó hace unos pocos meses. En la misma línea se expresó Joaquín Egea, que ha lamentado que un tema «tan grave» no se hubiera compartido con el resto de grupos y ha pedido más transparencia.
Para poder asumir este "gasto imprevisto", el Ayuntamiento tendrá que usar la partida que se contemplaba para el sobrecoste en las obras de La Lonja. Para compensar la pérdida, será necesaria una operación de crédito que elevará el endeudamiento de un consistorio que ya se encuentra limitado por un Plan Económico Financiero. El movimiento ha salido a favor por los votos del equipo de Gobierno -PP, PAR y Vox-, mientras que PSOE y Joaquín Egea se han abstenido en la votación.
Rechazada la moción de Joaquín Egea
Durante el pleno también se ha presentado una moción para poner en marcha una actuación urgente sobre el antiguo Hospital de Alcañiz con dos propuestas: una cocina social y un nuevo espacio para los juzgados. Joaquín Egea ha defendido que existen fondos europeos que podrían financiar este tipo de proyectos de reconversión de espacios. El edil añade que, hasta hace apenas un mes, el Hospital viejo era un edificio funcional «en el que nacían bajoaragoneses y otros eran operados sin ningún problema». A todo ello añade que ambas propuestas supondrían revitalizar la zona del Hospital, cuyos establecimientos van a sufrir la marcha del Hospital y, con ella, la de sus trabajadores y visitantes.
Desde el PAR, Ramiro Domínguez ha asegurado que está de acuerdo en dar uso al antiguo Hospital, aunque su apuesta está en «encontrar algo que genere riqueza y empleo». En el caso de Vox, Carlos Andreu aseguró no estar de acuerdo y que las propuestas «no le convienen al pueblo», aunque ha reconocido que «hay que hacer algo». Ambos coincidieron en que la cocina social que se propone puede ser un foco para personas sin techo y que supone «competencia para los hosteleros de la ciudad».
Para Irene Quintana (PSOE), aunque la propuesta es buena, asegura que no cuenta con «las necesidades de la ciudadanía» y pide que todos los agentes implicados —comerciantes, vecinos, administraciones…— puedan dar su opinión. Por último, Eduardo Orrios (PP) ha anunciado que esta misma semana habrá una reunión entre Miguel Ángel Estevan y Joaquín Juste para ver qué disposición tiene la Diputación sobre el edificio. Ha añadido que Salud también está trabajando en buscar un nuevo uso para el Hospital de Alcañiz. Igualmente, ha recordado que todavía no existen fondos para destinar al edificio.
La moción ha contado solo con el voto a favor del propio impulsor, Joaquín Egea, los votos en contra de PP, Vox y PAR, y la abstención del PSOE.
Festivos locales para 2027
Además, como ya viene siendo habitual, el pleno ratificó por mayoría que los días jueves 9 y viernes 10 de septiembre se considerarán festivos locales. Ambos días coinciden con las fiestas patronales y con las festividades en honor a los patronos de la ciudad: la Virgen de Pueyos y el Santo Ángel Custodio.
El pleno del mes de julio contó con menos afluencia de la habitual. No estuvieron presentes durante la sesión Ignacio Urquizu y Jorge Martínez (PSOE), ni la concejal de Izquierda Unida, María Milian.
informes técnicos desfavorables. pues que asuman su responsabilidad. Que siempre pagamos los ciudadanos.
bien dicho. los técnicos que asuman su culpa, por prepotentes
Suma y sigue,…, a cual peor…
En el antiguo hospital podéis poner un ZARA o Primark (dada la situación de la ciudadanía es dónde podremos comprar), o el mercadillo ambulante (en apoyo a los comerciantes)…,jajajajaja
Cuando no hay argumentos serios se recurre a lo más sencillo, la estupidez.
Desconozo, pero apunto idea si es posible recurrir la sentencia. Los informes técnicos se basarían en criterior profesionales. Se debería exigir una aclaración técnica porque no me paece justo que se tenga que pagar algo que se consideraba muy por encima de precios de mercado.
Los técnicos también se equivocan y mucho. Y la mayoría de las veces ganan por que la gente no va a juicio, ya que saben ellos que si cuesta dinero la gente no va. Pero si les saliera de su bolsillo alguna vez, las decisiones se las pensarían dos veces.
no entiendo que la empresa suministradora reclame 73400€ y el juzgado dictamine 568000€ y se diga que ha sido gracias al actual consistorio. Si hubiera habido consenso no habría habido juicio ya que sería un acto de conciliación. Por otra parte no entiendo que habiendo posibilidad de recurrir ante el Supremo no se haya agotado esa vía. El no ya se tenía.