Más de un mes ha pasado de los incendios de Peñarroya de Tastavins, Ejulve y La Cerollera, pero su huella todavía sigue viva. La recuperación de las más de 3.400 hectáreas quemadas prácticamente no ha podido comenzar y requerirá de paciencia, ya que el monte de pino tarda mínimo 30 años en volver a tener la estructura previa y hasta un siglo en que retorne toda la biodiversidad que había.
El Gobierno de Aragón, por su parte, ya ha agilizado los trámites para la retirada de madera quemada en los terrenos privados, mayoritarios por ejemplo en el caso de la comarca del Matarraña. Los ayuntamientos no tienen autoridad para intervenir en las áreas privadas y piden colaboración para retirar cuanto antes la madera para comenzar con la recuperación del monte.
"Si lo dejamos será muchísimo peor y más costoso. Se caerán los árboles quemados y será un desastre", explica Francisco Serrano, alcalde de La Cerollera. Asimismo, añade el primer edil, que en su caso la dificultad está en que el terreno pertenece a personas jubiladas que no tienen "ni capacidad ni herramientas para hacerlo". "Veremos si podemos buscar alguna ayuda económica para el coste de contratar empresas privadas y ver si así podemos ayudar a los vecinos", añade.
Por otro lado, los tres municipios coinciden en que hacen falta más medios para la limpieza del sotobosque, y la creación de fajas auxiliares y cortafuegos. "Antes pastaban los ganados por las orillas del pueblo y estaban mejor, ahora han desaparecido o se han reducido mucho", denuncia en este sentido el primer edil de Peñarroya de Tastavins, Ricardo Blanch. Subrayan que este verano lo que ha dejado bien patente es la "vulnerabilidad" de los pueblos ante el fuego.
Peñarroya pone el foco en proteger el entorno del casco urbano
Por municipios afectados, en Peñarroya de Tastavins, el incendio que comenzó el 12 de julio calcinó más de 350 hectáreas y llegó a situarse a apenas 500 metros del casco urbano. Las fuertes rachas de viento, de hasta 60 kilómetros por hora, favorecieron una rápida propagación de las llamas, aunque la actuación de los servicios de extinción evitó consecuencias todavía mayores, aunque se requirió el desalojo preventivo del Hotel Torre del Marqués, el Centro Budista de Monroyo y algunas masías.
El alcalde, Ricardo Blanch, hace un balance «totalmente negativo» del episodio, aunque destaca que no hubo daños personales y que tampoco resultó afectada la ermita de la Virgen de la Fuente, pese a que el fuego pasó a escasos diez metros del edificio. Los principales desperfectos materiales se concentran en una nave particular y en dos contadores municipales de agua.
Sin embargo, la principal afección está en el monte. La recuperación del paisaje será lenta y los trabajos de retirada de la vegetación quemada deberán realizarse, en buena parte, sobre terrenos particulares. El Ayuntamiento ha tratado de agilizar los permisos, aunque serán los propietarios quienes tendrán que afrontar las labores de limpieza.
Para Blanch, la principal enseñanza es clara: «Lo primero, prevenir que no nos pase otra vez y que no nos pase cerca del pueblo». El consistorio estudia reforzar las zonas de seguridad próximas al casco urbano mediante fajas auxiliares y una mayor limpieza de las parcelas.
Entre las actuaciones prioritarias también figura una nueva balsa de incendios de dos millones de litros en la parte alta del municipio. El objetivo es disponer de agua cerca del monte y facilitar la intervención de los medios de extinción sin necesidad de atravesar el casco urbano.
Ejulve afronta una afección de unas 3.000 hectáreas
En Ejulve, el incendio comenzó el 20 de julio afectando una supercifie que rondó las 3.000 hectáreas y que obligó a desalojar a 175 vecinos de Cuevas de Cañart, Molinos, La Cañadilla y Cirugeda. Según explica su alcalde, Ovidio Ortín, aproximadamente un 27% corresponde a terrenos particulares y un 11% a suelo municipal, aunque el Ayuntamiento todavía no ha podido realizar una valoración detallada de las afecciones.
El propio alcalde reconoce que el periodo estival y las vacaciones de buena parte del personal administrativo han dificultado que el municipio pueda comenzar a analizar con detalle los daños. La nueva regulación del Gobierno de Aragón para facilitar la retirada de madera quemada es, a su juicio, una herramienta positiva, especialmente para los aprovechamientos de menor volumen.
El incendio de Ejulve, que tuvo incluso una reactivación cuando estaba estabilizado, arrasó el 15% de la superficie que ya se había comenzado a reforestar tras el fuego que asoló el territorio en 2009. El porcentaje es significativa, pero el alcalde recuerda que, en esta ocasión, se ha quemado principalmente vegetación de monte bajo y algunos puntos concretos de pinar, lo que siginifica que la cantidad de arbolado que ardió fue mucho menor que hace 17 años.
El Ayuntamiento prevé solicitar ayudas para los trabajos de recuperación y para mejorar los medios de prevención. Entre sus propuestas está ampliar las balsas disponibles para la carga de helicópteros y aprovechar las pistas forestales existentes para crear cortafuegos y zonas de discontinuidad.
«Todos los fuegos se han apagado», reflexiona Ortín, mientras añade que es necesario actuar antes para evitar que las llamas puedan avanzar durante kilómetros. A su juicio, el abandono de las parcelas, la pérdida de actividad ganadera y el menor aprovechamiento de la leña han favorecido una acumulación de vegetación que facilita la propagación.
La Cerollera cifra en 82 las hectáreas afectadas
Por último, la Cerollera vio comenzar arder su termino municipal el 23 de julio, llegando quemarse unas 82 hectáreas, todas ellas de propiedad particular. En este caso no hubo daños en infraestructuras ni en edificaciones, aunque las llamas llegaron a aproximarse a unas granjas de animales.
El alcalde, Francisco Serrano, explica que los propietarios quieren comenzar cuanto antes con los trabajos de limpieza, pero muchos de ellos son personas mayores que no disponen de herramientas ni medios materiales para retirar por sí mismos la madera quemada. La contratación de empresas privadas supone, además, un coste añadido.
Por ello, el Ayuntamiento confía en que las ayudas públicas permitan afrontar parte de estos trabajos. Serrano considera positivo que los aprovechamientos de menor volumen puedan tramitarse mediante una declaración responsable, aunque advierte de que los procedimientos más complejos pueden ralentizar la recuperación.
El alcalde apunta también que la madera quemada tiene escaso valor económico y que incluso la madera verde de los montes tiene una salida comercial limitada. Por eso, la prioridad debe ser retirar el material afectado y recuperar progresivamente el bosque.
La recuperación del paisaje será, en cualquier caso, una cuestión de años. Serrano calcula que podrían ser necesarios entre 20 y 25 años para que la zona vuelva a presentar un aspecto similar a antes del incendio. «Ese bosque que llevaba en su máximo entre treinta o cuarenta y cinco años se destruyó en 24 o 48 horas», lamenta.
Los tres municipios reclaman más prevención
Los testimonios de los tres alcaldes apuntan hacia una misma necesidad: intervenir en los montes de forma continuada y no limitar las actuaciones a los meses de verano.
En La Cerollera existe un plan para realizar cortes y trabajos de limpieza de forma controlada durante 15 años. El objetivo es eliminar sotobosque y maleza y crear un paisaje forestal con menor continuidad de combustible. El proyecto pretende que cada año se actúe sobre una parte del término municipal para poder mantener posteriormente los trabajos de manera periódica.
Ejulve plantea aprovechar las pistas forestales para crear cortafuegos y reclama que se actúe sobre unas propiedades que, en su mayoría, son particulares. Peñarroya, por su parte, quiere reforzar especialmente la protección alrededor del núcleo urbano y disponer de nuevas reservas de agua para las emergencias.
En todos los casos aparece también el mismo problema de fondo: el progresivo abandono de los aprovechamientos tradicionales del monte. La reducción de la ganadería y del consumo de leña ha hecho que aumente la vegetación que actúa como combustible y que muchos terrenos permanezcan sin limpiar durante años.
Los senderos recuperan su actividad tras los incendios
Los efectos de los incendios, por otro lado, se han notado en la red de rutas de Senderos con Historia, que cuenta con alrededor de 154 tramos en el Matarraña y el Mezquín. Según explica uno de sus responsables, Luis Lizana, únicamente tres de ellos sufrieron afecciones directas.
Tras esperar varias semanas por motivos de seguridad y acceder posteriormente a las zonas afectadas, los responsables del proyecto realizaron trabajos de revisión y limpieza principalmente de forma manual. La retirada de ceniza y árboles calcinados permitió recuperar los trazados para senderistas, corredores y ciclistas.
El paisaje, sin embargo, ha cambiado de manera evidente. Lizana describe las zonas afectadas como un «paisaje prácticamente lunar», aunque señala que los propios caminos no sufrieron daños estructurales importantes y que actualmente se encuentran operativos.
Durante los periodos de mayor riesgo, además, algunas rutas permanecieron cerradas y también se limitó la actividad en instalaciones como el Matarraña Bike Park. Las continuas alertas y la falta de lluvias llevaron a extremar las precauciones y a evitar el uso de maquinaria que pudiera generar nuevos conatos.
La recuperación de estos caminos tiene también una dimensión económica para los pequeños municipios. Según Lizana, la llegada de senderistas y ciclistas permite generar actividad en localidades con pocos habitantes y mantener vivo un territorio que encuentra en el turismo activo una de sus vías de dinamización.
Mientras los montes comienzan ahora un largo proceso de recuperación, los municipios afectados afrontan los próximos meses con una doble tarea: retirar cuanto antes los restos del fuego y preparar el territorio para que el próximo verano encuentre unos bosques más limpios, mejor gestionados y con mayores garantías frente a la propagación de las llamas.
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Hay que actuar ya, si no será más costoso? Eso es lo que pretenden desde la DGA, que sea más costoso porque siempre sacan tajada por lo privado. No les interesa nada más que el beneficio propio, lo demás es cosa de paletos. La ganadería y la reintroducción de ciertas especies como podría ser el bisonte europeo sería la mejor opción para la prevención, pero falta voluntad por culpa de los intereses económicos desde los gobiernos centrales y autonómicos. Es lo que hay señoras y señores.