Macroreunión para iniciar el plan de transición justa de Andorra aunque sin concreciones

El Ministerio para la Transición Ecológica ha reunido este lunes por primera vez a todas las administraciones y a los agentes sociales para definir el calendario y las actuaciones del convenio de transición justa para las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y el Bajo Aragón cuando quedan apenas siete meses para el cierre legal de la Central Térmica y cuando se agota el carbón para aguantar hasta final de año.

Una macroreunión en Zaragoza con casi medio centenar de asistentes que ha servido para conocer las líneas generales del plan aunque dejó sensaciones encontradas ya que el tiempo y los despidos apremian y apenas hay avances y concreciones. Sí se anunció una nueva fecha prevista para su firma, entre mayo y septiembre de 2020, cuando la Central Térmica ya esté completamente cerrada. O lo que es lo mismo, como muy pronto un año después de la fecha comprometida por Ribera en su visita a Andorra en enero. Entonces también dijo que el de Aragón sería el primer plan en firmarse y ayer no respondió cuando le preguntaron por ello.

Admitió que, al trabajar en funciones desde marzo, el Gobierno no ha podido ir «todo lo deprisa» que querría aunque defendió el «compromiso serio» del gabinete. «Sin presupuesto y sin un Gobierno en plenitud de funciones se ha avanzado enormemente», defendió la ministra, quien también adelantó que hay empresas de los sectores energéticos y agroindustrial interesadas en instalarse en la zona aunque sin dar nombres. Tampoco fue concreta respecto a la polémica sobre la fecha de cierre.

Según se aseguró, las primeras fases de la elaboración del plan ya están en marcha: un diagnóstico y análisis socioeconómico y de infraestructuras de la zona geográfica, y un estudio de las iniciativas empresariales e industriales con mayor potencial de generación de empleo y de nuevo desarrollo económico en la zona. En mes o mes y medio, además, las administraciones con competencias en la zona firmarán un protocolo de actuación que marque las siguientes fases. La principal será el proceso participativo que dé forma al convenio y en el que intervendrán empresas, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales así como las distintas administraciones, donde las entidades locales están llamadas a desempeñar un papel fundamental.

No obstante, entonces ya habrá pasado la nueva convocatoria electoral y es una incógnita si Ribera continuará en el cargo.

La principal concreción de la cita fue que el convenio vendrá acompañado de una batería de medidas transversales y entre ellas, la normativa que permitirá mantener dos importantes activos en el territorio: el acceso a la red eléctrica, para proyectos renovables que primen la creación de puestos de trabajo; y el recurso hídrico vinculado a las centrales que pueda aprovecharse en nuevos emprendimientos. Es decir, el Ministerio no dará prioridad a Endesa y los 1.000 MW de la Central Térmica se liberarán y se «asociarán» al proyecto o proyectos que generen más empleos. «Si Endesa los quiere tiene que presentar un proyecto que sea el mejor o de los mejores. No se va a atribuir a una empresa u otra», apuntó Ribera.

La eléctrica «aspira» a que la capacidad de evacuación sea para su proyecto de placas solares» que prevé la creación de 2.000 empleos durante su construcción y 70 fijos durante la fase de explotación (25 años). «Consideramos que es el mejor técnicamente, en I+D y en creación de empleo y riqueza para la zona», afirman fuentes de Endesa.

Por otro lado, el Gobierno Central trabaja en otra modificación legal para que el uso del agua que realiza la Central -18 hectómetros cúbicos- se quede en Andorra para que sea aprovechada de forma sostenible en nuevas actividades económicas.

Ribera también hizo un guiño a las subcontratas- que no estaban invitadas a la cita-durante la rueda de prensa. Dijo que iban a estar «pendientes» de que Endesa cumpla su compromiso de que los trabajadores de las auxiliares se encarguen del desmantelamiento -una promesa del plan de acompañamiento- y que no ocurra como en Compostilla, donde estas labores se han asignado a otra empresa externa. «Vamos a intentar que no sea así aquí pero aún no sabemos nada», dijo la ministra en funciones.

Todo ello se dio a conocer en la citada reunión que contó con la participación de una delegación del Gobierno de Aragón encabezada por el presidente de la región, Javier Lambán, junto al vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona. También asistió el presidente de la diputación provincial de Teruel, Manuel Rando; y alcaldes mineros como el de Andorra, Antonio Amador; y el de Ariño, Joaquín Noé. También intervinieron representantes de los sindicatos, de empresas y organizaciones empresariales, de la Universidad de Zaragoza, así como de la Asociación de Comarcas Mineras de España (ACOM), entre otros.

¿Qué se hará ahora?

Según lo avanzado en la reunión, el plan incluirá el listado de proyectos generadores de empleo y actividad económica seleccionados tras un proceso participativo, así como la financiación asignada para apoyar su puesta en marcha. Sumando los de Asturias, León y Aragón suman 600 millones de euros de recursos estatales que, sin embargo, no se ha pormenorizado cuánto se repartirá a cada zona.

Las primeras fases de su elaboración ya están en marcha: un diagnóstico y análisis socioeconómico y de infraestructuras de la zona geográfica, y un estudio de las iniciativas empresariales e industriales con mayor potencial de generación de empleo y de nuevo desarrollo económico en la zona. El resultado final será un conjunto de proyectos y actuaciones a apoyar en los territorios para mantener el empleo y evitar la despoblación.
Los convenios vendrán acompañados por una serie de medidas transversales para optimizar que el uso eficiente y sostenible los recursos asociados al territorio y atraer inversiones, apostando prioritariamente por aquellos sectores que también presenten mejores resultados de sostenibilidad, tanto ambiental, económica y social.

La primera de ellas consiste en la citada propuesta normativa para mantener en la zona la evacuación de energía una vez cierre la central y los recursos hídricos.

Entre otras cuestiones, en el encuentro, el Ministerio informó de la marcha de los convenios con administraciones locales del Marco 2018 -2030. En Aragón, se han gestionado hasta el momento 25 convenios para proyectos de ayuntamientos que suman un total de 12,1 millones de euros aportados por el Ministerio, que también está tramitando las ayudas para las labores de restauración de las minas de Teruel, estimadas en unos 15 millones de euros. Asimismo, se está desarrollando el plan de formación y recualificación de trabajadores excedentes mineros realizado conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y las convocatorias de ayuda a proyectos empresariales del IRMC.

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), por su parte, está recuperando su papel como agente inversor participando o aportando capital a proyectos innovadores que favorezcan la transición energética y la identificación de proyectos singulares, y trabajará en las zonas en transición en la búsqueda de proyectos susceptibles de apoyo.

Además, se está ultimando una nueva línea de ayudas, con una dotación de hasta 50 millones de euros dirigida a municipios donde se produzcan cierres de centrales térmicas.

Lambán recuerda los avances

El presidente de Aragón, Javier Lambán, aseguró a los participantes en la mesa convocada con sindicatos, empresas, ayuntamientos y representantes ministeriales que, «aunque nos gustaría que las cosas fuesen más rápidas» –lo que no es posible por la falta de gobierno estable y de presupuestos generales, lo cierto es que «son constatables los avances producidos». En este sentido, repasó algunos de estos «logros» como la puesta en marcha de al menos siete proyectos empresariales que superan los cien millones de euros y que pueden generar casi 300 empleos, además de algunos que están tomando forma. Igualmente, recordó otra iniciativa relacionada con las energías renovables como la fábrica de biomasa en Andorra impulsada por Forestalia.

Lambán expuso que, durante este tiempo, desde que se anunciara el cierre de la central, el Gobierno de Aragón «no ha parado de trabajar» y destacó dos normativas impulsadas: el Decreto Ley para declarar interés autonómico proyectos de envergadura en cuencas mineras y Decreto Ley para declarar de interés autonómico las inversiones en renovables en cuencas mineras, que ya ha dado algunos resultados.

Además, incidió en que el ejecutivo autonómico se comprometió desde el primer día a apoyar y buscar alternativas para los trabajadores de las subcontratas de Endesa, un colectivo formado por 400 empleados de una treintena de empresas diferentes. En este sentido, la consejera Marta Gastón trasladó al secretario de Estado de Energía la preocupación de los trabajadores y este se comprometió a incluir este colectivo como prioritario en el convenio para la transición justa que se va a diseñar para la zona.
El INAEM puso en marcha un plan de empleo para estos trabajadores desde sus oficinas de Andorra y Utrillas, que además de ofrecerles formación y orientación personalizada, se les priorizará en las selecciones de personal para los nuevos proyectos que se van a instalar en la zona.

Por otro lado, las ayudas destinadas a proyectos generadores de riqueza, empleo y reindustrialización en la provincia de Teruel ascienden este año a 13,7 millones de euros. De esta cuantía, 10,75 millones van destinados directamente a las comarcas mineras y 8,75 millones, exclusivamente a los municipios considerados «muy mineros», entre los que se encuentra Andorra.

Destaca la puesta en marcha de una nueva convocatoria para proyectos de I+D+i desarrollados por empresas, enmarcadas dentro del FITE; una nueva línea específica para municipios muy mineros en la convocatoria de proyectos de inversión empresarial y el incremento hasta los 3,75 millones de la convocatoria para infraestructuras municipales para la reindustrialización de municipios muy mineros.

La Mesa de la Minería de Aragón priorizó en mayo un total de 40 nuevos proyectos empresariales en las convocatorias Miner 2018, dentro del Plan de la Minería 2013-2018, e los que 18 van a realizarse en municipios muy mineros de Teruel, con más de 29,5 millones de inversión y la creación de 122 empleos.