Medio año después de que el fuego arrasara más de 2.000 hectáreas en Nonaspe, los agricultores de la zona todavía no han recibido las subvenciones que el Gobierno de Aragón prometió que llegarían antes de que terminase el 2022. De las cuatro localidades afectadas por los grandes incendios del pasado verano, solo los profesionales de Ateca han percibido las ayudas -un total de 384.446 euros- este mismo miércoles. El decreto-ley que convocaba subsidios para estos afectados -un total de 58 cumplen los criterios establecidos por DGA- se publicó en el mes de agosto. Sin embargo, la norma para los siniestros de Nonaspe, Moncayo y Castejón de Tornos vio la luz a finales de septiembre. El Gobierno autonómico aceptó 73 de las 95 solicitudes que enviaron los agricultores y ganaderos perjudicados por estos tres últimos incendios, entre ellos, 15 nonaspinos. La subvención global es de 375.432 euros, de los cuales 86.396 euros irán a la localidad del Bajo Aragón-Caspe, es decir, el 23% del importe.
Mientras tanto, los profesionales continúan a la espera, como es el caso de Iván Ráfales, un joven de 22 años de Nonaspe que vio arder con sus propios ojos el trabajo de años. En su caso, perdieron el cultivo de 18 hectáreas, la mayoría de ellas con plantación de almendros, y otras con trigo. Ambas cosechas estaban todavía sin realizar, pues faltaban unas semanas para poder recoger todo lo que había crecido en sus campos. Para estas explotaciones ya han solicitado ayudas, sin embargo, son propietarios además de una parte de monte privado que también se calcinó y para la cual no hay ningún tipo de subsidio.
«Hasta dentro de tres años no darán fruto los nuevos almendros pero, si no los plantamos ya será en cuatro años cuando podamos recoger», indica Ráfales. Tras el incendio decidieron cambiar las mangueras para poder salvar la producción de algún árbol puntual que no se había quemado, pero estos también tendrán que ser arrancados ya que la nueva plantación requiere el despeje total de la finca dado que se realiza con maquinaria a través de un GPS.
En los almendros, el fuego se llevó lo que habría sido una cosecha de entre 12.000 y 14.000 kilos recolectados, y en el cereal habrían sido unos 45.000 o 50.000 kilos de trigo, en el caso del joven nonaspino. «En cifras económicas esto es la cosecha de todo un año», lamenta Ráfales. De hecho, este agricultor se respalda en que su familia lleva ya 12 años en el sector y pueden ayudarle. Lo mismo ocurre con otros profesionales de larga trayectoria. Pero la situación no sería la misma de no estar acompañado: «Si no fuera por el apoyo de mi familia, después del incendio no me podría permitir continuar. La agricultura requiere grandes inversiones que ya hicimos y que, si no recoges o no tienes un respaldo, no puedes volver a hacer», lamenta.
A este respecto, cabe destacar que, a falta de que lleguen las ayudas, por el momento se acordó dotar de un máximo de 5.000 euros por hectárea de regadío dañada para agricultores profesionales, siendo el importe total máximo por propietario de 20.000 euros. "Esto sería un precio por hectárea justo si no estuviera el límite, dado que el total de la afección ha abarcado mucha más superficie y ha sido mucho mayor la pérdida», valora Ráfales.
La mayoría de los agricultores afectados de Nonaspe arrancaron los árboles dañados o los cortaron por el tronco, siguiendo las instrucciones que marcaba la solicitud de la ayuda. Algunos de ellos se han deshecho por completo de los leñosos para volver a replantar en cuanto reciban la subvención, como ha hecho el agricultor Miguel Zurita con parte de sus melocotoneros. Sin embargo, otros profesionales tenían sus árboles poco dañados o parcialmente y han decidido cortarles simplemente las ramas para darles la oportunidad de que con el tiempo vuelvan a crecer y a dar frutos. A estos últimos no les corresponderá la ayuda, pero "es comprensible porque la cuantía económica es inferior a lo que valen esos árboles", explica Zurita. Esto se debe a que la declaración que los agricultores firmaron al solicitar la ayuda les comprometía al "arranque en el plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de la
declaración".
De hecho, la ayuda del Gobierno de Aragón se ha planteado como un apoyo a la extracción y la nueva plantación de los ejemplares, pero "no como la solución a la cosecha perdida, ya que no cubren las incidencias", según informó el consejero de Agricultura y Ganadería Joaquín Olona. Esta cuestión quedó relegada a los seguros que cada propietario tenga contratado. Sin embargo, nunca había ocurrido una cosa igual, por lo que la mayoría de los agricultores no tienen seguro de incendios.
En cuanto al trigo, el otro cultivo que trabajan Iván Ráfales y su familia, también se perdió todo lo criado a pocos días de que estuviera listo para la cosecha. Incluso, en esas fincas se quemaron algunos de los aspersores por las llamas, así como las tomas de agua. En estas hectáreas llama la atención el papel que tuvieron los aspersores, pues esta familia nonaspina, en su esfuerzo por salvar lo que el fuego estaba arrasando, enfocaron la dirección del agua hacia las llamas, lo cual favoreció en la extinción durante un tiempo.
A pesar de ello, la explotación finalizó calcinada y las estructuras del regadío, en la que tanto dinero invirtieron en 2007, ya no están operativas. Así que esas fincas, tras estos años de trabajo, ahora se han sembrado por el momento en secano. Todo ello, teniendo en cuenta que este último año, bombear el agua para el riego se había convertido en un gran coste, dados los altos precios de la luz.
