La comarca del Matarraña ha impulsado una iniciativa de normalización lingüística en la que sus 18 municipios han podido decidir si su toponimia así como numerosos términos relativos a lugares de interés debían constar oficialmente solo en castellano o también ser bilingüe. Cabe poner en valor que en todos los pueblos el proceso se ha llevado a cabo con normalidad y sin crispación, pasando casi desapercibido, con la misma tranquilidad que se vive la rutina lingüística en el día a día. En la mayoría se ha dejado a un lado el interés político partidista, mirando a la realidad de los propios habitantes de los pueblos y cuál es la forma en la que ellos mismos hablan. En Valderrobres, por ejemplo, con mayoría del PP, se rechazó el doble topónimo, contando incluso con el apoyo de partidos como PSOE o CHA, cuya política lingüística es favorable al catalán. Entendían que los habitantes del pueblo lo denominan en castellano. Sin embargo, pero sí se aceptaron otros términos en catalán, porque los usos reales son esos. En muchos otros pueblos, gobernados por unos y otros partidos, se ha seguido la misma tónica. Calaceite, por ejemplo, gobernada por el PP, aprobó la doble toponimia. Tras ser preguntados, ninguno de los primeros ediles quiso obtener rédito político de esta situación y es alabable.

La tensión con la crisis independentista catalana ha provocado la utilización e instrumentalización de la realidad social de nuestros pueblos para sacarla de contexto, aunque no es algo de ahora. Si se denomina catalán, dialecto propio o chapurriau a las lenguas de nuestros municicipios seguirá siendo un tema de eterna discusión, y no puede tomarse ninguna decisión política en este sentido que no cuente con una clara mayoría. Existen hondos argumentos históricos, emocionales y culturales para defender unas y otras tesis, y tanto administración pública como sociedad han de hallar la manera de tender puentes que permitan la sana convivencia sin herir a nadie. Los intentos tanto de PSOE como de PP en las últimas legislaturas para normalizar la situación solo han hecho que crispar a unos u otros, aprobando normas que después eran derogadas en sucesivos gobiernos. Esta vez, la labor de la DGA para normalizar la situación se está realizando con una sensibilidad cultural más abierta. Buena parte del lenguaje que hoy queda se ha transmitido solo por vía oral, deformando (e incluso perdiéndose) un importante patrimonio que se debe preservar y es clave para nuestra identidad. La carta enviada por DGA a estos ayuntamientos solo habla de «denominaciones locales» sin entrar en definiciones. Solo una labor que deja fuera sectarismos ha permitido al fin prácticamente la unanimidad y la necesaria normalización. Un paso sin duda positivo, que respeta, y pone por delante la voluntad de cada pueblo, sin obligar ni imponer.