Parece que la batalla de don Quijote contra los molinos ha sido ganada por esos «gigantes» con la fea y ávida cara del capital y los fondos buitre. Se exigen unas alegaciones que, después de todas las campañas habidas en nuestra tierra, suena a tomadura de pelo. Pero es una norma jurídica que no se puede ignorar, aunque nos lanza un doble mensaje: el proceso legal de adjudicación está en marcha; y, como suele suceder, el efecto de tales alegaciones está en relación inversa con la importancia de los que se lucrarán con los parques eólicos. Cuanto más poder tienen los que proponen, menos valor tienen las alegaciones. ¿Y los poderes públicos y políticos? Actuarán como puedan y quieran, pero son gestos retóricos de cara a la galería, vacíos de operatividad. Habrá molinos en el horizonte. O no. Aún no estamos vencidos.
Las empresas energéticas se ajustan al síndrome neoliberal del beneficio a cualquier precio, las falacias informativas y el consumismo desatado. Naomi Klein decía que «el mercado alimenta su avidez insaciable de crecimiento, redefiniendo como «productos comerciales», susceptibles de compraventa, sectores enteros que siempre se consideraron parte del dominio público, como el aire sano, el viento, el sol, el agua, la tierra, la fauna y la flora, los bosques y los ríos, en suma, el paisaje, el entorno natural. Para ello lanza mensajes demagógicos cubriendo su piel de lobo con el disfraz del ecologismo y la lucha contra el cambio climático.

Llegados a este punto, la pregunta es: ¿Qué debemos hacer? Hay que evitar que, como en tantos otros asuntos, la lógica depredadora del capital («Capital Energy» se llama la empresa) se imponga a los intereses de los ciudadanos, ante la impotencia o la complicidad política. Parafraseo una cita de Lenin a nuestro caso. «La conciencia política de la lucha antiproyectos eólicos en la Comarca no se le puede proponer al ciudadano más que desde el exterior, desde fuera de los intereses económicos y las relaciones entre cierto sector público y el capital». Propongamos una respuesta activa:
El hecho: el BOE somete el 27 de agosto (en pleno periodo estival en la Administración) a información pública, los parques eólicos Arlo: el Argestes de 96 MW en La Fresneda, Fórnoles, La Portellada y Ráfales y su infraestructura de evacuación que afecta también a Valdetormo, Valjunquera y Mazaleon; el Arlo de 102MW en Maella, Valdeagorfa; el Paucali en Maella y Mazaleón; el Céfiro de 196 MW en Mazaleon, Valdetormo, Valjunquera, La Fresneda y Fórnoles, cuyas infaestructuras de evacuación se ubica también en Calaceite, Maella y pueblos de Tarragona.

En total 84 aerogeneradores de 6 MW de potencia nominal, 115 m. de altura de buje y 176 m. de diámetro de rotor. Torres de más de 200 m. emplazadas en las zonas más elevadas y visibles del Matarraña y Bajo Aragón. Plazo de alegaciones hasta el 5 de octubre.

La respuesta: Movilizar en una acción común a la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel, a todos los municipios afectados, más los solidarios, y a los agentes y empresarios locales.

–Promover la firma de los ciudadanos a las alegaciones, en todos los pueblos y ciudades de la zona: recordando a los interesados que las promesas empresariales de puestos de trabajo, repercusión positiva en el coste de la energía y tecnología y estructuras no dañinas con el territorio, no se sostienen. Se ha visto en otros territorios. Aportar datos.

–Usar la pionera «Carta del paisaje» (surgida de la Universidad de Zaragoza), las exigencias de la Red Natura 2000 y otras figuras de protección ambiental como los planes de protección de especies protegidas (águila, azor, perdicera), como base de un apoyo universitario y científico que respalde la negativa contra esos proyectos.

–Exponer la inexactitud en temas como la topografía inadecuada utilizada – 1.5000-, el destino de la energía -se cita a Cataluña-, la falta de precisión en la definición de elementos del proyecto como son las zanjas de evacuación para la media tensión que suponen una agresión enorme al territorio y el superávit existente en energía en estos momentos en Aragón, que hace inexplicable tales proyectos, a no ser que se pretenda especular con ellos.

Conclusión: vamos a alegar en el mísero plazo que se ha dado (30 días hábiles) que se detenga el cómputo operativo de instalación de los parques por masiva y unánime oposición de personas y entidades que viven y trabajan en el territorio.

Alberto Díaz – Periodista