Las copiosas nevadas con las que el Bajo Aragón Histórico comienza han sido afrontadas por el territorio con previsión y coordinación por parte de las administraciones competentes en el dispositivo de vialidad invernal. Las quitanieves han ido abriendo paso, con las limitaciones propias de la distancia y los problemas en carreteras secundarias. Ha habido municipios aislados, pero que han contado con el suficiente tiempo para poder prever la alerta meteorológica que se avecinaba. Los avisos han funcionado y también la prevención de los ciudadanos. Los planes activados en municipios como Andorra o Alcañiz han permitido que la circulación fluyese, y las rutas escolares se han cancelado con tiempo. A la espera de que puedan surgir incidencias de última hora vinculadas a cortes eléctricos y ventisqueros que compliquen la situación, el foco se sitúa ahora en nuestro campo, que se enfrenta al enorme reto de creer en unas condiciones económicas penosas. Los agricultores de nuestro territorio, que ayer contribuían con sus tractores a echar sal en las calles, aplauden la nieve y el refrán «año de nieves, año de bienes», sin embargo necesitan mucho más que una buena nevada para poder avanzar. Entre las infraestructuras hidráulicas pendientes, cabe destacar la urgencia del recrecimiento de Santolea, así como la ejecución de la segunda fase de elevación de aguas del Ebro a Andorra o la regulación de la cuenca del Matarraña a través de las reivindicadas balsas laterales. Tampoco debemos olvidar que tras la marcha de Endesa, más de dos mil regantes de la cuenca del Guadalope se enfrentan a unos elevadísimos costes de suministro que les abocan a una asfixiante realidad a la que nuestra administración pública todavía no ha dado respuesta. El Gobierno central estudia ahora que algunas competencias del departamento de Agricultura pasen al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Esto supondría, por ejemplo, que la PAC fuese dirigida por Teresa Ribera. Los agricultores han alzado la voz al entender que pierden así competencias y capacidad de gestión en un ministerio donde se mezclarán conceptos ligados al medio ambiente y la despoblación. Todas las organizaciones profesionales agrarias y buena parte de los gobiernos autonómicos, incluido el de Aragón, han mostrado su recelo. Sería cuestionable que con los fondos de la política agraria se financien políticas exclusivamente medioambientales, sin retorno directo para el sector primario.

Editorial