Partimos de que en un pueblo, el derribo de una casa en el casco viejo, cuesta mas que el valor del solar resultante. Hay muchos municipios con nucleos urbanos escarpados o con ciertos problemas, que van a tener una losa insalvable por la proliferación de decenas de casas en ruina, de las que nadie se hace cargo y en principio por legislación, sería competencia municipal resolver ese problema.

Los consistorios lo van capeando, pero si afrontaran todas esas ruinas, la ruina se les trasladaría a ellos. Desde fuera puede parecer sencillo, pero poder llegar a cobrar los gastos acarreados en un derribo resulta casi utópico y requiere de una gran ingeniería administrativa y judicial, pues pertenecen a herencias no realizadas, gente con problemas económicos, personas insolventes o profesionales del escaqueo. Si los consistorios son pequeños y comparten secretarios o arquitectos municipales con otros pueblos, pues la tarea es aun mas compleja, por la asfixiante carga de trabajo que llevan.

El tema sobrepasa en la práctica a los pequeños pueblos, que no tienen líneas de subvención externas y puede que un simple derribo se les coma el 20 % de su presupuesto o mas, con una bajísima probabilidad de cobrar los gastos y en ese caso, sería mucho tiempo después. Recuerdo un caso reciente en una barriada de 15 casas en Albalate del Arzobispo, que siendo un pueblo mas grande, se vió en un abismo económico, ademas tiene muchas zonas mas como esa y para mayor complejidad, tiene limitaciones de conservación del patrimonio en caso de reurbanización de la zona.

Grandes municipios si que tienen líneas para rehabilitación, pero los pueblos pequeños necesitan algún tipo de planificación y apoyo desde entidades superiores, porque sino, barrios enteros caerán por su propio, esto ya es y va a seguir siendo un tema fundamental en la lucha contra la despoblación.

Pedro Bello – Ganar La Puebla de Híjar