Hace unos días recibí un SMS en mi teléfono informándome que la tienda Movistar de Alcañiz (la única que hay) se «traslada» a Teruel y Lérida.

Mi primera reacción fue de indignación contra el lobby de las telecomunicaciones, quizás porque soy muy crítico frente a cualquier forma de unión empresarial, sea de las telecomunicaciones, financieras, eléctricas, combustibles, alcohol, tabaco o cualquier otra que pretenda maximizar sus beneficios a costa de minimizar los derechos de los ciudadanos.

Como cliente de Movistar, he visto como esa tienda, además de vender los productos de la marca, prestaba un servicio de atención (por cierto, bastante amable y paciente) a personas con dificultades para configurar sus móviles, desbloquear terminales que necesitaban el PUK o cambiar decodificadores y mandos de televisión digital: hoy en día, bienes de primera necesidad que ponen en riesgo de exclusión social a los colectivos más necesitados: personas mayores del medio rural.

Por eso, mi segunda reacción, la indignación punto dos, fue para los políticos que con su pasividad consienten la pérdida de servicios en un territorio abocado a la despoblación. En mi diálogo interno, me decía que deberían usarse los recursos públicos para corregir desigualdades y que todas las instituciones públicas bajoaragonesas deberían, de forma inmediata, rescindir todos los contratos de servicios con Movistar (como con las entidades bancarias que cierren oficinas en los pueblos), pero si no lo hicieron cuando la mayor empresa de telefonía dejó nuestro territorio sin desplegar el cable, posiblemente tampoco hagan nada ahora, y nosotros sigamos consintiéndolo eternamente, secuestrados por la fantasía de una democracia irreal.

Y llegué al momento de indignación punto tres: no, los responsables del abandono que sufrimos no son las grandes empresas ni los políticos ineficaces, sino somos nosotros, quienes habitamos este lugar donde Aragón acaban, devorándonos a nosotros mismos.

Cada compra que hacemos a Amazon, o cualquier plataforma de comercio digital, es un paso más que damos hacia la despoblación, haciendo perder rentabilidad a los comercios locales, hasta que se ven en la necesidad de cerrar: en la calle Blasco o Alejandre se multiplican las tiendas vacías, los escaparates desiertos.

Nos han prometido que Internet «es un derecho básico para la recuperación social y económica y una oportunidad de futuro para nuestro territorio», pero el uso que hacemos de la red supone el efecto contrario, que se abra aún más la brecha territorial y social.

Podemos criticar a las empresas energéticas por el despliegue de molinos, pero no nos engañemos: no van a cambiar. Podemos criticar a los gobiernos por estar más preocupados por sus resultados electorales que por el bienestar de la gente, pero no nos engañemos: no van a cambiar. Podemos criticar a Movistar por «trasladar» su tienda a más de cien quilómetros y a otra comunidad diferente, como si se tratara de la calle de al lado en una gran ciudad, pero no nos engañemos: no va a cambiar.

El cambio sólo puede venir de gente como tú y como yo, comprometiéndonos con lo que queremos, y consiste no en hacer cosas diferentes, sino en desaprender los mensajes publicitarios que nos han vendido la necesidad de la satisfacción inmediata a nuestros caprichos y volver a lo de siempre, a echar un capazo con Mercedes mientras compro fruta y verdura local, con Sole o Luisa en los pequeños ultramarinos de la Calle Mayor o en cualquier otro comercio de los aún resisten.

La alternativa, es ir a Lérida cuando tenga que renovar el terminal de Movistar para mantener vivas las redes sociales digitales, mientras languidecen las redes sociales locales.

José Luis del Valle. Abogado