No hay medida más prioritaria que proteger la vida de las personas y controlar la expansión de la pandemia del coronavirus. Lo sabemos muy bien en el medio rural, donde la responsabilidad de la población está siendo máxima y ejemplar para mantener a salvo a las personas más vulnerables, nuestros mayores, que además suponen la mayoría de la población en muchos municipios y deben ser asistidos con unos medios escasos. El área hospitalaria de Alcañiz ha sido el primer sector sanitario de Aragón que ha tenido pacientes fuera de un hospital. Se ha tenido que habilitar un hotel como centro de apoyo médico, donde ya asisten a 9 personas. La falta de personal también ha llevado a descartar la idea inicial de abrir camas de UCI, una de las principales carencias hospitalarias, lo que pone de manifiesto nuevamente la imperiosa necesidad de ampliar las prestaciones del servicio hospitalario comarcal. Solo cabe aplaudir y agradecer el sobreesfuerzo de los sanitarios, cuya exposición al Covid-19 con medios precarios es más que evidente. La falta de equipos de protección individual y el retraso de las compras centralizadas (-dejando aparte el fiasco de los 640.000 test fallidos-) ha supuesto que solo en la provincia de Teruel 41 de los 271 infectados sean sanitarios. Esa misma falta de medios de protección ha afectado ya a todo el país, forzando la paralización también de la actividad empresarial. Es imposible mantener controlado el virus si las personas no pueden moverse con la máxima seguridad. La evolución de los acontecimientos están dejando muy poco espacio a la confianza ciudadana. La improvisación, descoordinación y falta de consenso nacional con las comunidades autónomas y los agentes sociales hacen prever que nos vamos a enfrentar durante semanas a una situación límite en la que cada ciudadano va a tener que aportar lo mejor de sí para salir de esta crisis. El nuevo decreto ley que solo permite la actividad de servicios esenciales aboca a la asfixia a cientos de empresas que deberán endeudarse para seguir pagando sus obligaciones fiscales, así como las nóminas de sus empleados. En este sentido, la España vaciada, de cuya gran movilización se cumple precisamente hoy un año, está reclamando respaldo sanitario, pero también apoyo para que el sector agrario pueda seguir trabajando y encontrar temporeros, o para no abocar al cierre a pymes y autónomos, que están asumiendo una carga económica sin precedentes con unas medidas paliativas absolutamente insuficientes. Una pyme en el medio rural tiene unas connotaciones vertebradoras y sociales que trascienden sobremanera lo económico, de ahí el enorme riesgo de supervivencia al que están enfrentando a un territorio que tanto ha luchado por seguir poblado y la necesidad que sus representantes deban ser tenidos en cuenta como actores fundamentales en el diálogo para superar esta crisis sin precedentes.

Editorial