El carbón de la campa de la Central Térmica de Andorra se agota. La energía del lignito «forma parte del pasado», lo dice el presidente Pedro Sánchez y también las eléctricas que no logran extraer rentabilidad a las centrales dada la exigencia de la política climática. No se pueden rentabilizar las inversiones necesarias a corto plazo. Bien. No es nada nuevo, pero sorprende sobre manera la falta de sensibilidad que el Ministerio de Transición Ecológica está teniendo hacia esos territorios. Los trabajadores de las cuencas mineras españolas no forman parte del pasado. Seguirán ahí, si pueden, y si no buscarán nuevas formas de vida allende nuestras fronteras. El plan de transición justa prometido por la ministra, con ejecución prevista en junio, está bloqueado bajo el argumento de la parálisis de gobierno. Sin embargo, el mundo sigue y otras acciones necesarias sí que se desbloquean sin tanto problema. La lista de compromisos que en dos ocasiones se ha llevado de nuestra tierra el Gobierno Central es sencilla, clara y finalista. Un año después del anuncio del cierre de Endesa no se ha avanzado ni un solo paso en este sentido. El abanico de posibilidades abarca desde acometer la segunda fase de elevación de aguas del Ebro a Andorra (compromiso que confirmó Meritxel Batet y del que se han olvidado) hasta arreglar la pista minera a Ariño. No eran palabras vacías sino un documento dividido en varias secciones con demandas en comunicaciones, aprovechamiento de recursos hídricos, usos posteriores a la restauración de las minas, servicios sociales, polígonos industriales, formación, turismo y ayudas.

El Ministerio confirmó a este medio el miércoles que la Central «no podrá seguir operando a partir del 1 de enero» sin embargo, ayer mismo se apresuraron a rectificar asegurando que se mantiene el plazo previsto por Endesa, el 30 de junio, y evitando así una grave crisis con el Gobierno de Aragón, los alcaldes de la cuenca minera y con el propio Pedro Sánchez, de mitin ayer en la capital turolense.

La situación peor la viven los 400 trabajadores de las subcontratas, que ya están viendo cómo pierden sus empleos. Y, si bien los sucesivos gobiernos tienen su responsabilidad en esta situación, es a éste al que le ha tocado gestionarla y no con mucho acierto hasta ahora. Más allá de la falta de concreción y compromisos efectivos, la frialdad con la que se plantea desmantelar y poner fin a décadas de historia vinculada al lignito en la provincia de Teruel sin tener en cuenta lo que supone para la población resulta vergonzante.

Editorial