La reivindicación de ayer en Albarracín de los presidentes autonómicos de Aragón, Castilla La Mancha y Castilla León pone de nuevo el foco en la realidad territorial de la España interior, cuyas necesidades políticas y sociales son muy diferentes a las del resto del país, las zonas costeras y las grandes capitales. Esta reivindicación no es nueva, pero ahora está avalada por la propia Unión Europea y cuenta en el Gobierno central con un ministerio de Reto Demográfico cuyas funciones deben comenzar a visibilizarse más allá del título de la propia cartera. Hoy precisamente la ministra Teresa Ribera se reunirá con responsables autonómicos y cabría esperar compromisos reales. Pese a que el Gobierno de España ha comprometido 10.000 millones para la lucha contra la despoblación y que servirán para nuevas políticas de desarrollo, resulta urgente conseguir retener a la población existente. La pandemia ha puesto de manifiesto que el medio rural es un lugar donde la calidad de vida y el bienestar son posibles. De hecho, en territorios como el nuestro se ha revertido una tendencia de más de una década con considerables aumentos de población en casi la mitad de los municipios. Esto ha sucedido sin apenas cambios normativos ni fiscales. ¿Qué ocurriría si verdaderamente se apostase por estas áreas españolas? La clave está en el empleo y la capacidad competitiva, porque de nada valen los servicios públicos en los que se invierte anualmente si las empresas no pueden competir y crear puestos de trabajo sólidos.
Existen herramientas para revertir la despoblación y ya se han aplicado en las regiones nórdicas de Suecia, Finlandia y Noruega. La fiscalidad diferenciada ha contribuido a que la población crezca a un ritmo del 6%. La Comisión Europea dio luz verde en abril a que este mecanismo -que puede llegar a suponer el ahorro de hasta un 20% en los costes laborales de las pymes y micropymes- se empiece a aplicar en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria; territorios con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta medida se aplicaría para compensar las deseconomías de escala que se producen en los entornos poco poblados, en donde no se logra ser tan competitivas como en entornos urbanos. La comisión nos permite recibir estas ayudas de Estado pero ahora es el estado español el que tiene que darlas. Los agentes sociales llevan años reivindicando, y concretamente piden un modelo como el de Noruega, sin trámites burocráticos inabarcables para muchas pymes. De aplicarse, el 93% de las empresas de provincias como Teruel podrán beneficiarse. No caben excusas ni más pactos, tan solo aplicar de una vez los diagnósticos que ya funcionan.
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