Veinte años han pasado desde que la muerte de José Luis Sampedro introdujera en la agenda política la cuestión de la eutanasia. Veinte años después, la falta de acuerdo y consenso entre las distintas formaciones políticas han obligado a Ángel Hernández ha llevar a cabo un acto similar al que en su día hiciera Sampedro. Que una persona pueda ir a la cárcel por haber puesto fin al sufrimiento de su mujer durante treinta y dos años ha vuelto a poner el debate sobre la eutanasia encima de la mesa. Es cierto que la Fiscalía solicitará una pena inferior a dos años, lo que sumado a su falta de antecedentes evitará que Ángel entre en prisión. Aun situándonos en el peor de los escenarios, el Gobierno utilizaría la figura del indulto, ideada precisamente para este tipo de situaciones en las que la Ley no es justa. Pero tener que recurrir a los recovecos legales de nuestro ordenamiento jurídico para evitar que alguien vaya a la cárcel por algo que no debería siquiera estar tipificado en el Código Penal, no es la solución. El legislador, una vez más, y ya son demasiadas en los últimos años, está dejando en manos del poder judicial la tarea de evitar que un hombre vaya a la cárcel porque ellos han sido incapaces de hacer sus deberes.

Catorce han sido las veces que en España se ha intentado regular la eutanasia. Catorce las veces que familias que sufren han visto como sus esperanzas se desvanecían por falta de voluntad política. Regular esta cuestión no es tarea sencilla. Ningún asunto en el que entren en pugna principios morales y religiosos lo es. Así ocurrió con la aprobación de la Ley de interrupción del embarazo de 2010, en el que muchas voces alertaban de un aumento indiscriminado del número de abortos (argumento muy similar al que se emplea en contra de la legalización de la eutanasia). Nueve años después, los datos han desmontado estos argumentos. Desde 2010 el número de interrupciones voluntarias del embarazo ha disminuido un 17,6% según fuentes del Ministerio de Sanidad.

De hecho, la gran mayoría de los argumentos que se utilizan para posicionarse en contra de la eutanasia son fácilmente rebatibles si se estudia la legislación de los países de nuestro entorno donde la eutanasia sí es legal, como son Bélgica, Holanda o Luxemburgo. En estos países se exige que, para poder ejercer este derecho, sea el paciente, y no sus familiares, quienes lo soliciten; que la solicitud se haya realizado de manera voluntaria, informada y reiterada; así como que su situación médica no prevea ninguna mejora; que se le haya informado de otras opciones; y que el médico que vaya a practicarla haya consultado a otro especialista. El 70% de la sociedad española se ha mostrado favorable a la regulación de la eutanasia en estas condiciones, dejando en evidencia que la sociedad va un paso por delante del legislador.

A día de hoy, la realidad es que en nuestro país se practica la eutanasia. El debate está en si queremos que deje de hacerse a escondidas, sin garantías médicas ni legales y acrecentando el dolor de unas familias que ya han sufrido bastante. No hay que olvidar que la legalización de la eutanasia se limita a reconocer el derecho a una muerte digna, no obliga a nadie a llevarla a cabo. No dejemos que nuestros principios morales o religiosos sean los responsables del sufrimiento de una persona, presionemos a nuestros políticos para que pongan fin a esta situación injusta.

*Abogada y politóloga