El artículo 23.1 de la Constitución deja bien claro que el acceso a la información es un derecho protegido. Aunque llevamos años legislando en favor de la Transparencia y Buen Gobierno, actualizando las leyes ya existentes y otras de nueva creación y modernizando el acceso a dicha información, los obstáculos a dicho acceso son constantes y variados.

Es abundante la bibliografía que podemos encontrar con quejas al Justicia de Aragón, Defensor del Pueblo y jurisprudencia que intenta subsanar esta falta de cultura en materia de acceso a la información y transparencia por parte de los cargos electos.

Es fundamental que todos los concejales electos de un Ayuntamiento puedan acceder a toda la información ya que solamente así podrán realizar correctamente sus funciones de gestión así como de fiscalización y control en el caso de la oposición.

«El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental». Así de claro se pronuncia el Tribunal Constitucional. Sin acceso a la información pública, el concejal o diputado no puede ejercer el cargo para el que ha sido elegido. Uno de los argumentos comúnmente expuestos es no dar acceso a información a los expediente de las concejalías en las que no se tiene contenido y con respecto a esto el Tribunal Supremo ya declaró desde antiguo que la denegación de información no puede ampararse por venir referida a un Concejal sin área de Gobierno, porque la legislación de régimen local hace extensivo el derecho de información a todos los miembros de las Corporaciones locales.

Para evitar estas injustas consecuencias, que atentan gravemente contra los principios de igualdad y seguridad jurídica, los concejales, en todo caso y al amparo de cualquier normativa de régimen local o no, pueden presentar la reclamación prevista en las leyes de transparencia para garantizar su derecho fundamental de acceso a la información pública.

De lo contrario, ¿qué habremos adelantado con tantas leyes de transparencia e instituciones de nueva creación garantes de la misma? Nada. Los concejales seguirán padeciendo la tradicional indefensión en el acceso a la información pública. Nuestro sistema democrático local no puede seguir manteniendo esta injusta situación.

Cabría hacernos la siguiente pregunta: ¿En qué perjudica a un alcalde y al equipo de gobierno que la oposición tenga acceso a determinados expedientes de la Administración Local?

Acudiendo al dicho del rico refranero Español, no sé si con razón o no…. «El que no se fía, no es de fiar».

Joaquín Sanz. IU / Samper de Calanda