Evitar la propagación del covid-19 debe ser la máxima prioridad de nuestras autoridades. Si no se toman las medidas urgentes en materia sanitaria, cualquier otra decisión ligada a la recostrucción social y económica carece de sentido. Nuestra comunidad autónoma fue la primera en tomar la medida de retorno a la fase 2, y ayer ahondó en esta decisión restringiendo las masificaciones en las principales capitales aragonesas, Zaragoza y Huesca, así como en las 4 comarcas más afectadas por los brotes, ligados a un problema en las condiciones de vida de los temporeros que todavía no se han resuelto. Esta medida, sin duda, que contempla la prohibición de reuniones de más de 10 personas, es fundamental para controlar el rastreo del virus, sobre todo en grandes ciudades y en una época estival en la que la movilidad es muy importante entre nuestra población. Asimismo, el uso obligatorio de mascarilla, que muchos ya ejercían de forma voluntaria, era imprescindible para poner coto a los irresponsables y, además, para otorgar a las fuerzas de seguridad capacidad de control y sanción a aquellos incumplidores, sobre todo entre la población más joven. Es deber de todos concienciarnos, a nosotros mismos y a quienes nos rodean. El virus sigue sorprendiendo a los expertos, expandiéndose de forma rápida, sorteando la barrera del calor estival que muchos pensaron que contendría, y amenazando seriamente con una ola global de contagios que podría hacernos volver al estado de alarma. El Gobierno central debe velar porque haya una coordinación que permita los niveles máximos de control, evitando lo sucedido ayer a primera hora en Cataluña, donde la población de Lérida esperaba ser confinada pero no pudo ser por orden judicial sobre las competencias administrativas que regulan este tipo de restricciones. Es esperable una unidad de criterio entre autonomías y Gobierno de España mucho mayor. No es admisible que en medio país sea obligatorio el uso de mascarilla y en otro medio no. El covid-19 no entiende de fronteras autonómicas.
Editorial
