Octubre comenzó ayer con la esperada noticia del desconfinamiento de Andorra tras tres semanas en las que la movilidad se ha visto reducida. A partir del sábado continuarán en fase dos, lo que implica importantes restricciones que seguirán afectando sin duda alguna a una economía muy dañada. Las reducciones de aforos son importantes para contener al virus, pero se debe trabajar desde las administraciones para respaldar al sector empresarial más sensible a estas restricciones. El acuerdo del lunes entre el ayuntamiento de Andorra y la asociación empresarial de la localidad para prorrogar las ayudas e impulsar campañas comerciales conjuntas es fundamental. Esta misma semana se ha conocido también el plan de Endesa para el desmantelamiento de la Central Térmica, una buena noticia porque el 80% de los trabajadores que participen en los trabajos durante los próximos 4 años serán del territorio. Se prevé contratar a 140 empleados directos de municipios bajoaragoneses y empresas del territorio para poder llevar a cabo esta obra de tremenda magnitud y que prevé una inversión de 60 millones de euros. El proyecto de desmantelamiento tiene la singularidad de que la demolición sea paralela al inicio de los trabajos para los futuros parques renovables situados en el mismo emplazamiento. Se trata del plan Futur-E, con una inversión de 1.500 millones de euros, cuya primera fase empezará en 2021 y que prevé una de las mayores inversiones en renovables del país hasta 2026 en tres fases. Se construirán plantas solares, eólicas y de almacenamiento de baterías, tanto en las inmediaciones de la Central como en pueblos limítrofes a Andorra. Las dos primeras ya cuentan con los megawatios necesarios; la última, depende de la subasta de los mil megawatios que libera la Térmica. Si las previsiones se cumplen, se trata de un proyecto extremadamente ambicioso, casi lo único real que va a ver Andorra dos años después del anuncio del cierre, y que requiere del consenso y la planificación de las administraciones públicas en coordinación con las organizaciones empresariales para invertir de forma seria los ingresos vinculados a las renovables. Este es un enorme reto pendiente que afecta a todo el territorio bajoaragonés y que, por ahora, no se está abordando. Compaginarlo con los obstáculos que está generando la pandemia va a ser complicado, pero urge que desde lo local se aborde cuanto antes la forma de rentabilizar al máximo esta oportunidad.

Editorial