Seis de los ocho partidos políticos representados en las Cortes de Aragón respaldaron ayer los presupuestos autonómicos: el cuatripartito de gobierno (PSOE-PODEMOS-CHA-PAR) con Ciudadanos e IU. PP y VOX se opusieron. Se inicia ahora el trámite de presentación de enmiendas que se votará de manera definitiva el 30 de diciembre, quedando así aprobadas unas cuentas que han tenido un recorrido sin excesiva bronca. Cabe entender que las cuentas están condicionadas por la llegada de unos fondos europeos para la lucha contra el covid aún pendientes de aprobación, pero el esfuerzo para reforzar la lucha contra el covid así como mantener inversiones tan relevantes como la del futuro hospital de Alcañiz, la de mayor calado regional, es incuestionable.

Si bien en el pleno de ayer hubo cierta tensión ideológica (lo contrario sería incomprensible), la normalidad y el consenso fueron la tónica. De hecho llevan instalados en Aragón desde hace meses y son tan poco habituales como necesarios, especialmente en un contexto sanitario como el actual. Éste va a ser el presupuesto que más apoyo inicial ha obtenido en la historia democrática de nuestra comunidad. Resulta especialmente destacable este contexto cuando se debaten de forma paralela a nivel nacional unos PGE marcados por la división, la incapacidad de llegar a acuerdos que faciliten la estabilidad y el debate de cuestiones ideológicas que generan una crispación social inasumible para una población agotada por el dolor que está causando el covid-19. En este sentido, la aprobación de la Ley Educativa, ya apodada como Ley Celaá, ayer en el Congreso, coincidió con el desmarque del parlamento aragonés en lo que se refiere a la eliminación del español como lengua vehicular. El grupo socialista en las Cortes respaldó una iniciativa de Ciudadanos, enmendada por el PAR, que abogaba por mantener el castellano como lengua vehicular solo unos minutos después de que el Gobierno de Pedro Sánchez sacara adelante su polémica ley educativa, que nace otra vez muerta por la falta de consenso e instaura precisamente todo lo contrario con la enmienda pactada por PSOE, Podemos y ERC. La proposición no de ley fue defendida por el diputado y alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu.

«Politizar la lengua es una equivocación, la lengua es lo más íntimo de las personas porque afecta a su identidad», dijo sabiendo bien lo que suponen los conflictos lingüísticos en una tierra como la bajoragonesa. El desmarque del PSOE aragonés en este punto coincidiendo además con el apoyo a unas cuentas por parte de partidos de izquierda y centro derecha del parlamento pone de manifiesto que la política es el arte de lo posible, el consenso implica la capacidad ceder ante el otro desde la discrepancia. Ojalá sirva de espejo.

Editorial