Los Presupuestos Generales del Estado arrojan pocas novedades respecto a los anteriores en cuanto a inversiones en infraestructuras en nuestro territorio. No serían pocas si los PGE cumpliesen lo escrito sobre el papel y llegasen a ejecutarse. Por primera vez una de las carreteras más necesarias para la vertebración del Bajo Aragón, la A-68, aparece contemplada con el avance prioritario desde el tramo de Alcañiz. La partida prevista para 2021 puede parecer escasa, pero no lo sería si realmente llega desarrollarse. Solo hay que echar la vista atrás para ver cuentas nacionales con grandes montantes que quedaron siempre en un cajón. Los 200.000 euros previstos para 2021 permitirían comenzar a redactar el proyecto de obra. Después hay medio millón para 2022, 400.000 en 2023 y dos millones en 2024. Sería suficiente para licitar y adjudicar los dos proyectos de obra de los tramos del Regallo hasta las Ventas de Valdealgorfa, que son además los más costosos de toda la carretera. Si existe voluntad política se podría redactar el proyecto para que dejar las obras adjudicadas o ya comenzadas para la siguiente legislatura si se agota la actual. De esta forma se cumpliría el compromiso concreto del gobierno con Teruel Existe, que las obras «cerca de Alcañiz» hayan comenzado «antes de que termine la legislatura». Asimismo, destacan los 12 millones para avanzar la variante de Alcorisa o los cuatro para terminar las obras de recrecimiento de Santolea. Nada se sabe acerca de la elevación de aguas a Andorra ni de los compromisos con la cuenca minera turolense, a la espera de los fondos de Transición Justa. Los mismo sucede con las propuestas esperadas para combatir la despoblación. Tan solo los proyectos para traer la UNED a Alcañiz, avalados por el alcalde Ignacio Urquizu; o el Laboratorio Nacional de Acciones contra la Despoblación logrado a través de Teruel Existe en una de las cuatro enmiendas que les han aceptado (de 88 en total) arrojan algo de luz sobre el compromiso con el medio rural en este sentido. Prevén que los fondos europeos de reconstrucción permitan que lleguen a las políticas de Reto Demográfico 2.500 millones de euros, pero un Gobierno con un ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico debería en su primer año de legislatura haber demostrado que esta cartera es mucho más ambiciosa. El tiempo dirá si esa «voluntad política» es real o no. Podemos anticipar, que el argumento basado en recortes por la situación económica de la pandemia no es atribuible a más bloqueos, sobre todo cuando lo que se pide es tan solo que se cumpla algo tan escaso como lo comprometido en estas cuentas nacionales.

Editorial