Los incendios de las últimas semanas han dejado una advertencia que ninguna administración puede ignorar. Cuevas de Cañart, Ejulve, Peñarroya de Tastavins y La Cerollera han comprobado hasta qué punto nuestros pueblos son vulnerables ante un fuego cada vez más rápido, violento e imprevisible. En Cuevas, 175 personas tuvieron que abandonar sus casas y el incendio quedó a solo dos kilómetros del casco urbano. En Peñarroya, las llamas comenzaron a 500 metros del pueblo. La Cerollera se salvó gracias al cambio del viento, la intervención de los medios y la movilización vecinal.

No podemos seguir confiando en la suerte. El Matarraña, el Maestrazgo y el Mezquín necesitan un plan urgente de inversión forestal adaptado a cada municipio. No bastan las actuaciones puntuales ni las ayudas posteriores al desastre. Es imprescindible financiar durante todo el año la limpieza de montes, el mantenimiento de pistas, la creación de cortafuegos, la recuperación de campos abandonados y el desbroce de franjas de seguridad alrededor de pueblos, masías, explotaciones ganaderas, carreteras, líneas eléctricas y captaciones de agua.

La ganadería extensiva debe formar parte de esta estrategia. Ovejas, cabras y vacas pueden reducir de manera natural la carga vegetal, mantener espacios abiertos y contribuir a crear paisajes más resistentes al fuego. Para ello hacen falta ayudas estables, menos trabas administrativas y acuerdos entre ayuntamientos, propietarios y ganaderos.

También deben elaborarse mapas detallados de riesgo grave que identifiquen las zonas donde un incendio podría bloquear carreteras, dejar núcleos incomunicados o afectar al abastecimiento de agua. Cada pueblo necesita un protocolo de evacuación conocido por los vecinos, con rutas alternativas, puntos de reunión, transporte para mayores y dependientes, alojamientos previstos y simulacros periódicos.

Lo ocurrido en Cuevas de Cañart demuestra, además, que un sistema de alerta dependiente únicamente de la cobertura móvil es insuficiente. Sirenas, megafonía, emisoras, equipos satelitales y redes de comunicación alternativas deben garantizar que ningún vecino quede sin aviso.

La solidaridad de agricultores, voluntarios, bomberos y municipios de acogida ha sido ejemplar, pero no puede sustituir a la planificación pública. Prevenir cuesta dinero; reconstruir pueblos, montes y economías locales cuesta mucho más. Las administraciones deben actuar antes del próxim

Editorial.