El Bajo Aragón Histórico lleva demasiados años pagando el peaje de las promesas incumplidas. La A-68 vuelve a demostrarlo con crudeza. El tramo entre El Burgo y Fuentes de Ebro, único actualmente en obras, costará 10,85 millones de euros más y elevará la inversión por encima de los 85 millones. Una obra prevista para entrar en servicio en verano de 2023 podría prolongarse durante todo 2027.

La diferencia entre una fecha y otra exige algo más que explicaciones genéricas. El Ministerio de Transportes atribuye el incremento a necesidades técnicas, mejoras de seguridad vial, adaptación climática y geotécnica, reposición de servicios afectados y medidas ambientales. Son argumentos que pueden tener fundamento, pero la ciudadanía merece conocer con detalle qué ha fallado, qué queda por ejecutar, cuánto costará realmente y cuándo estará terminado.

La preocupación crece al mirar hacia el Bajo Aragón Histórico. Los seis tramos pendientes entre Quinto y Las Ventas de Valdealgorfa siguen sin novedades concretas y sin consignación clara en los Presupuestos Generales. Solo una partida en el proyecto de 2026 permitiría hablar de continuidad real. La A-68 es conexión, seguridad, competitividad y futuro. Afecta a trabajadores, transportistas, empresas, agricultores, visitantes y vecinos. Cada año perdido resta oportunidades a una tierra que necesita mejores accesos para atraer inversión, sostener población y defender su papel en Aragón.

El retraso de esta autovía también lastra el desarrollo de nuestros pueblos. Por eso ha llegado el momento de recuperar la movilización. Los municipios afectados deben mostrar su potencial, su relevancia y su capacidad de presión. El conjunto de localidades vinculadas a este eje tiene argumentos suficientes para exigir respeto institucional. La plataforma de alcaldes debe recuperar impulso con amplitud social y unidad política. Mociones en los ayuntamientos, recogida de firmas, concentraciones, apoyo empresarial y una reunión formal con el ministro deben servir para reclamar un calendario tramo por tramo, con presupuesto, fechas y responsabilidades.

El consenso es necesario, pero la prudencia no puede convertirse en parálisis. El Ministerio debe explicar el sobrecoste, fijar plazos y comprometer partidas. Y los representantes políticos, de todos los partidos, deben estar a la altura de una reivindicación que pertenece al territorio. La paciencia del Bajo Aragón Histórico ha durado demasiado. Ahora toca hacerse escuchar.

Editorial.