A primeros de marzo de este mismo año las Cortes de Aragón aprobaron instar al Gobierno a: «Presentar un Plan de ordenación territorial de los recursos energéticos de Aragón que se incluya en el nuevo Plan Energético de Aragón 2021-2030 y en la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón (EOTA)». Se trataba de uno de los dos puntos demandados por la Asociación Gent del Matarranya y otros colectivos agrupados en la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel. El otro apartado de esta iniciativa parlamentaria, defendida por IU en nombre de los solicitantes, donde se pedía «establecer una moratoria temporal de todos los proyectos de centrales eólicas y fotovoltaicas presentados en Aragón hasta la realización del citado plan», fue rechazado a pesar del voto favorable de Chunta Aragonesista y Podemos-Equo.

Esta propuesta de las plataformas ciudadanas en defensa del territorio, refrendada además por varios colectivos y algunos ayuntamientos, es todo un síntoma de una situación preocupante para Aragón en general y especialmente para determinadas comarcas turolenses, aunque el conflicto de usos del territorio ante estas nuevas instalaciones está presente también en muchas otras zonas del Estado.

No es posible conseguir una transición energética justa apostando por un cambio tecnológico en las mismas manos de siempre. Es necesario democratizar la energía, haciendo protagonistas al territorio y sus habitantes, manufacturando este recurso en el propio territorio con una escala adecuada para generar oportunidades reales de futuro y participando activamente en el proceso como comunidad rural, evitando ser meros cedentes del terreno. Las administraciones públicas debemos velar por conseguir una transición justa, equilibrada y coherente.

Al calor de los objetivos de descarbonización previstos se han ido acumulando, en una carrera a gran escala, proyecto tras proyecto de instalaciones de centrales eólicas y fotovoltaicas en el territorio, donde lo único que importa es llegar el primero. Sin ir más lejos, hace pocos días, la presidenta de Red Eléctrica Española anunció que existen solicitudes de acceso y conexión para conectar energías renovables por más de 145.000 megavatios, muy por encima de los objetivos marcados a 2030 por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de 60.000 megavatios.

Nadie niega la necesidad y la urgencia de abordar una transición energética hacia las energías renovables. Lo que se está cuestionando es el modelo que se plantea para abordar ese gran objetivo. Y se cuestiona cada vez más porque resulta incongruente desbaratar espacios naturales para instalar energía renovable con esas dimensiones, lejos de centros de consumo y de subestaciones colectoras de evacuación. La población rural se rebela ante esta perspectiva porque teme unas afecciones muy importantes sobre el paisaje y la biodiversidad. ¿Asolar lo «verde» con energía «verde?

Estamos ante unos territorios que ya prestan por sí mismos unos servicios ambientales de gran valor para la sociedad en general, junto a productos y servicios de gran calidad. Estos valores han contribuido a una creciente sensibilización social, en positivo, del medio rural que ha sido la clave de su estrategia de desarrollo en las últimas décadas.

¿Esta planificación desarrollada en las últimas décadas garantiza la supervivencia de nuestros pueblos a medio plazo? Posiblemente no, aunque los modelos planteados tienen la suficiente base como para confiar en ellos y no defenestrarlos cambiando de rumbo bruscamente. Es necesario mejorarlos y apostar por alternativas que no dañen lo existente. Un ejemplo es el acuerdo recién aprobado en el Congreso de los Diputados de la nueva Ley del Cambio Climático, donde se reconoce la contribución del sector forestal gestionado de manera sostenible a la lucha contra el cambio climático como sumidero de CO2. Esta labor, hoy no remunerada ni por el mercado ni por las políticas públicas, debe tener un reconocimiento económico a través de mecanismos transparentes de mercado, generando un valor añadido que permita generar riqueza en el territorio. Estamos a tiempo de lograr que esa mirada diferente sobre el territorio y el paisaje nos permita evitar impactos irreversibles.

Chema Salvador – Director General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón