La UNESCO señala que la escuela rural es fundamental para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, además de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos, como describe el plan de acción de la Agenda de Educación 2030.

En Aragón, dadas las características de su sistema territorial, la escuela rural está en el centro de atención de la comunidad educativa. De hecho, la semana pasada, la consejera Claudia Pérez anuncio las principales líneas del presupuesto del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades, afirmando que el Ejecutivo duplicará los recursos para «que todos los niños tengan las mismas oportunidades, independientemente de sus condicionantes de partida y del sitio en el que hayan nacido».

La escuela rural en Aragón ha demostrado su capacidad para implementar soluciones imaginativas, aprovechando su diversidad. Estas soluciones se han enfocado en aspectos pedagógicos y organizativos que han permitido superar las limitaciones territoriales inherentes. Sin embargo, para garantizar una continuidad y asegurar resultados sostenibles, es esencial que los compromisos alcanzados no se pierdan, independientemente del partido que esté en el poder.

Dadas las características geográficas y demográficas de Aragón, es crucial que la escuela rural continúe desempeñando un papel fundamental en la comunidad educativa. La elección de una escuela rural vinculada a su territorio y un territorio vinculado con su escuela, requiere la implementación de políticas sociales que se orienten hacia el logro de una igualdad de participación y resultados mediante acciones equitativas. Desde los postulados de la ecología social, la existencia de servicios socioeducativos en el medio rural no puede estar condicionada por el coste de su mantenimiento, sino que debe estar supeditada a la calidad de vida de sus pobladores.

Los recursos materiales y humanos necesarios para el próximo curso se planifican a partir de los datos recopilados en los centros al cierre del curso anterior. Resulta sorprendente que, al inicio del nuevo curso, no se cuente con personal docente, transporte ni auxiliares de educación. Puede deberse a la inexistencia de una lista o bolsa de trabajo para los empleados, o a que, aun existiendo, los inscritos no muestran interés en trasladarse a zonas rurales, lo que ralentiza el proceso de contratación. No obstante, el motivo no debería ser de índole económica. La asignación presupuestaria para estas contrataciones debería haberse efectuado en julio, una vez recopiladas las demandas de los centros educativos. También debería reflejarse en estas partidas las líneas de transporte como, por ejemplo, la de Alcañiz-Caspe, y que su servicio no dependa de la voluntad de las instituciones, sino de la demanda de los ciudadanos.

Es imperativo que el pacto social por la educación, elaborado por el Consejo Escolar de Aragón en 2016 y avalada el 28 de marzo de 2019, continúe su desarrollo y, si es necesario, sea objeto de revisión. En el ámbito educativo, la consecución de consensos es crucial. La educación debe ser una prioridad compartida por todos los sectores gubernamentales, asegurando que la escuela rural y la igualdad sigan siendo elementos fundamentales en nuestra política educativa y en todo nuestro territorio.

La preservación de aulas en el entorno rural, con el objetivo de minimizar en la medida de lo posible los desplazamientos, constituye uno de los fundamentos esenciales para mantener la escasa población infantil en los pueblos. Estos centros educativos se convierten en un pilar fundamental en la lucha contra la despoblación definitiva de numerosas localidades. Además, implica la exploración de soluciones tecnológicas alternativas (teleformación) que eviten la migración de la población desde las áreas rurales, buscando proporcionar a estas zonas herramientas que faciliten la educación a distancia.


Daniel Sancho. Graduado en Ciencia Política y Administración Pública