Los Presupuestos Generales del Estado de 2022 deberían ser los más rentables para la economía rural desde hace décadas gracias las bonificaciones de los costes de la seguridad social de hasta el 20% para las zonas despobladas con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Este éxito va a permitir a muchas empresas competir, resistir en pueblos, mantener el empleo y a otras instalarse. En abril, la UE autorizó esta medida que ya se aplica en países desfavorecidos del norte de Europa. Sólo faltaba la regulación por parte del Gobierno central para hacerlo efectivo, y ahora se ha constatado que así será en el proyecto de los PGE. No cabía esperar lo contrario de un Gobierno central que ha hecho bandera del reto demográfico, sin embargo el mérito real sin duda alguna debe atribuirse al trabajo que desde hace años ha realizado la red SSPA, integrada por la Confederación de Empresarios de Teruel, CEOE, y sus homólogas en Cuenca y Soria; así como por la labor del Gobierno de Aragón, especialmente beligerante en este aspecto desde la pasada legislatura. Cabe recordar el viaje que ya realizó la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, a Bruselas para defender esta cuestión. A Aragón se unieron las comunidades de Castilla La Mancha y Castilla y León. Fue importante la reunión en Soria del año pasado de Lambán, García Page y Mañueco en Soria, y este mismo verano en Albarracín para reivindicar al Gobierno central esta medida así como una financiación autonómica justa que permita sufragar el coste de mantener el Estado de Bienestar en territorios despoblados. A esta reivindicación se ha sumado de forma muy insistente también Teruel Existe, llevando el debate a la tribuna del Congreso de los Diputados, y siendo altavoz nacional de la realidad que viven las empresas rurales en medio de debates de política nacional en los que los pueblos suelen pasar desapercibidos.

Los PGE dejan sin embargo un mal sabor de boca respecto al avance de Aragón y las infraestructuras pendientes, que siguen durmiendo el sueño de los justos. Resulta verdaderamente preocupante que las partidas para la A-68 sean irrisorias. Ni siquiera está contemplada la partida para la redacción del proyecto de la autovía entre Alcañiz y las Ventas que se adjudicó este miércoles por 2,5 millones de euros; o la elevación de aguas a Andorra. De la firma del Plan de Transición Justa tampoco se sabe nada. Ahora en el turno de las enmiendas a los PGE será el momento real de ver cuál es la capacidad de crítica, presión y valoración del cumplimiento de los compromisos con los diputados aragoneses que apoyarán las cuentas nacionales.

Editorial.