Ante el borrador del proyecto de financiación autonómica del Ministerio de Hacienda, Teruel Existe pide al Gobierno que lo oriente a solventar el grave problema de desequilibrios territoriales que lastra el desarrollo del conjunto del país. El modelo actual es parte de un problema estructural, que no encontramos en otros países, y que no sólo no tiene en cuenta la corrección de los desequilibrios territoriales sino que los agrava, con un sesgo que prioriza la inversión en las áreas más desarrolladas, y menos fondos para los pueblos y pequeñas ciudades con menos recursos económicos, menos capacidad de desarrollo y mayor coste para mantener los servicios por la dispersión del poblamiento y por condicionantes del medio físico como la altitud y la orografía, u otros como la mayor edad de la población. Por eso, demandamos la inclusión de fórmulas que permitan un sistema adecuado para las comunidades afectadas de manera severa por la despoblación; una financiación que cubra el coste real de la prestación de los servicios.

En la fórmula actual el peso otorgado a la variable de la población ajustada es insuficiente para afrontar el reto del equilibrio territorial; la superficie sólo supone un 1,8% en la ecuación, muy escaso si el Gobierno quiere comprometerse realmente con la lucha contra la despoblación. Proponemos que se amplíe a una cantidad igual o superior al 15%.

La dispersión de la población debe tenerse en cuenta para financiar el coste real de la prestación de servicios públicos en condiciones de calidad y equidad. Hay provincias que tienen el mismo número de habitantes que algunos barrios de Madrid o Barcelona, pero el coste de las prestaciones es muy diferente en función de la extensión y el número de núcleos en los que está asentada la población, pudiendo diferir en más de 15.000 km2. La categoría de dispersión ha supuesto hasta ahora solo un 0,6% del cálculo de la población ajustada, y debería ser valorada al menos con un 7,5%.

También deben incrementarse los recursos destinados a servicios sociales, actualmente con un 8,5%, dado que la esperanza de vida ha aumentado y el cuidado y la atención a las personas mayores es una exigencia de justicia intergeneracional e interterritorial. La propuesta del Gobierno es ambigua en este sentido ya que aporta un rango de entre el 6% y el 10%. Estamos de acuerdo en que el porcentaje dedicado a sanidad se incremente pero lamentamos la opacidad de algunos cálculos como el del coste efectivo de los servicios, que no está detallado de manera que los agentes sociales y políticos puedan formular sugerencias. Insistimos en que va a ser básico mejorar tanto los ejes de Suficiencia como de Equidad.

Valoramos como escenario de salida el estudio realizado por la Comisión encargada en 2017 para desarrollar el tema, un foro de debate comúnmente aceptado (con la excepción de Cataluña y las comunidades autónomas de régimen foral), donde pueden converger todas las CCAA y la Administración Central con sus distintas sensibilidades.

Creemos necesario clarificar la diferencia entre prestar los servicios y financiarlos. Se debería valorar si no es el Estado quien debe asumir la financiación de los servicios mínimos del estado del bienestar, a través de sus Presupuestos Generales, y que las comunidades deberían poder mejorar y adaptar estas prestaciones.

En definitiva, es necesario un nuevo marco general que sea fruto de un gran acuerdo político entre todas las partes, a fin de conseguir un mayor y mejor nivel tanto de solidaridad interterritorial como de lealtad institucional.

Joaquín Egea. Senador de Teruel Existe