Europa avaló en primavera la necesidad de que exista una fiscalidad diferenciada para las empresas del medio rural español. Que la propia UE reconozca la gravedad del problema de competitividad al que se enfrentan las pymes de la España despoblada fue un importante avance. Que este punto concreto tan relevante de las medidas en la lucha contra la desertización cope un lugar prioritario ha sido posible gracias a la presión desde muchos ámbitos, y en nuestro caso de manera muy especial por el lobby formado por la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (Foes), y las Confederaciones de Empresarios de Teruel y Cuenca. Con este paso, las empresas de Cuenca, Soria y Teruel -las tres provincias españolas con densidades de población inferiores a los 12,5 hab/km2-, se equiparán a las regiones más despobladas de Suecia, Finlandia y Noruega, pudiendo beneficiarse de ayudas de estado equivalentes a un 20% de los costes laborales. A través de la red SSPA (Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa) llevan más de ocho años trabajando para introducir cambios en las políticas europeas que contemplen medidas reales a favor del medio rural español, y más concretamente para el área más afectada por la recesión demográfica en toda España y que comprende a estas tres provincias. Sin embargo, el Gobierno de España, que por primera vez cuenta con un ministerio de Reto Demográfico y ha mostrado una clara sensibilidad al respecto, no da el paso para regular esta rebaja fiscal que sería clave para la creación de empleo y la supervivencia de muchas pymes. El Gobierno sí prevé políticas «transversales» que contemplan 103 medidas concretas en esta lucha contra la despoblación y una inversión de 10.000 millones, pero lo que realmente hace falta es sostener el tejido social ya existente en nuestros pueblos, y para eso sin ninguna duda esta medida sería fundamental. El Gobierno de España debe aprobar el régimen jurídico de aplicación adaptado a la legislación española para que entre en vigor cuanto antes como medida esencial. En este sentido Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León ya propusieron conjuntamente que se aplique una bonificación del 20% de los costes laborales a través de descuentos en la Seguridad Social. Varios estudios avalan que los estímulos fiscales generarían empleo y mejoraría la competitividad siempre que se establezcan los mecanismos legales que garanticen el desvío de esos fondos al fortalecimiento del tejido social de las propias empresas y del medio rural. Ahora, DGA encarga otro informe para reforzar esta reivindicación que debería ser ya un hecho. Sólo cabe avalar el trabajo realizado en esta línea desde todos los ámbitos e instar a seguir un camino difícil, pero con progresos seguros y que nos conciernen a todos.

Editorial.