Empieza el año hidrológico con lluvia y perspectivas que en teoría deberían ser positivas para los regantes de la Cuenca Hidrográfica del Guadalope, sobre todo teniendo en cuenta además que en muy corto plazo de tiempo el recrecimiento de Santolea (con finalización prevista en 2021) duplicará su capacidad. El sueño cumplido del recrecimiento tras años de eternas reivindicaciones, retrasos e incumplimientos está al alcance de la mano, con la importante reversión económica para el desarrollo de la agricultura bajoaragonesa que pueda suponer. Pero la tormenta que está por venir en junio del año que viene con el cierre de la Central Térmica de Andorra no va a ser ni mucho menos bien recibida por los regantes. Se prevé desvastadora para uno de los colectivos más importantes para el tejido agroindustrial del territorio bajoaragonés. Sus reclamaciones, que comenzaron a los días de conocerse el cierre de la Central, están siendo absolutamente desatendidas. Ni el Ministerio de Transición Ecológica, ni la DGA, ni la CHE han contestado a las cartas de la Comunidad de Regantes para atender mantener una reunión. Cerca de 2.000 agricultores de la cuenca se ven amenazados por la marcha de Endesa en varios sentidos. La salida de la eléctrica de la junta de regantes supondrá que no contribuya al pago proporcional del recrecimiento, que se costea entre la administración pública y los propios agricultores. Además, desde 1980 y a raíz de la llegada de la Térmica, se firmó un contrato de compensación por el bombeo del agua desde el Guadalope y que ahora se rompe, sin que nadie repare en los perjuicios que supone. Este acuerdo de compensación a cambio del uso de 18 hectómetros cúbicos de agua al año ha supuesto, entre otras cuestiones, que Endesa pagase la llegada de agua desde el embalse de Mequinenza a través de Civán, lo que permitió además ampliar el canal de Caspe. Solo el coste de este bombeo supone un millón de euros anuales, que unido a la obra de Santolea (11 millones que aportaría Endesa), podría suponer una repercusión económica de más de 30 millones de euros en los próximos 25 años. Una de las soluciones podría pasar por la instalación de una planta fotovoltaica para sufragar el bombeo desde Mequinenza, una inversión que rondaría los siete u ocho millones de euros, y, por supuesto, invertir en la ampliación de regadíos.
Resulta inaudito que la voz de los regantes no esté siendo atendida. Dentro de las exigencias del plan de acompañamiento de Endesa y los planes de reindustrialización que plantee la administración urge poner sobre la mesa la realidad de la agroindustria.

Pero la tormenta que está por venir en junio del año que viene con el cierre de la Central Térmica de Andorra no va a ser ni mucho menos bien recibida por los regantes. Se prevé desvastadora para uno de los colectivos más importantes para el tejido agroindustrial del territorio bajoaragonés. Sus reclamaciones, que comenzaron a los días de conocerse el cierre de la Central, están siendo absolutamente desatendidas. Ni el Ministerio de Transición Ecológica, ni la DGA, ni la CHE han contestado a las cartas de la Comunidad de Regantes para atender mantener una reunión. Cerca de 2.000 agricultores de la cuenca se ven amenazados por la marcha de Endesa en varios sentidos. La salida de la eléctrica de la junta de regantes supondrá que no contribuya al pago proporcional del recrecimiento, que se costea entre la administración pública y los propios agricultores. Además, desde 1980 y a raíz de la llegada de la Térmica, se firmó un contrato de compensación por el bombeo del agua desde el Guadalope y que ahora se rompe, sin que nadie repare en los perjuicios que supone. Este acuerdo de compensación a cambio del uso de 18 hectómetros cúbicos de agua al año ha supuesto, entre otras cuestiones, que Endesa pagase la llegada de agua desde el embalse de Mequinenza a través de Civán, lo que permitió además ampliar el canal de Caspe. Solo el coste de este bombeo supone un millón de euros anuales, que unido a la obra de Santolea (11 millones que aportaría Endesa), podría suponer una repercusión económica de más de 30 millones de euros en los próximos 25 años. Una de las soluciones podría pasar por la instalación de una planta fotovoltaica para sufragar el bombeo desde Mequinenza, una inversión que rondaría los siete u ocho millones de euros, y, por supuesto, invertir en la ampliación de regadíos.
Resulta inaudito que la voz de los regantes no esté siendo atendida. Dentro de las exigencias del plan de acompañamiento de Endesa y los planes de reindustrialización que plantee la administración urge poner sobre la mesa la realidad de la agroindustria.

Editorial