La construcción de un nuevo Hospital de Alcañiz más grande y con mejores prestaciones, que cuente con servicios tan esenciales como una Unidad de Cuidados Intensivos, ha sido una de las principales reivindicaciones de un territorio infradotado como es el Bajo Aragón Histórico. Contar con más habitaciones que no dejen el centro colapsado y teniendo que suspender las cirugías no urgentes u oncológicas por las que no conllevan ingreso; o disponer de una unidad tan básica como una UCI que no obligue a derivar pacientes graves a otros hospitales son reivindicaciones en las que todos los ciudadanos, de una u otra ideología están de acuerdo.

Por ello no es de justicia que se utilice una prestación tan básica como la sanidad pública para hacer política desde una entidad que se presenta como aglutinadora de toda la sociedad. Es lo que ha ocurrido con la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y los Derechos Sociales del Bajo Aragón Histórico, que después de dos legislaturas en silencio, ha vuelto a la actividad con el cambio de gobierno advirtiendo de una posible «privatización». Nació de una reivindicación social para revertir la gestión público-privada que impulsó el Gobierno de Aragón del PP-PAR liderado por Luisa Fernanda Rudi movilizando a la sociedad bajoaragonesa y sacándola a la calle a sus vecinos. Parte de sus caras visibles encabezaron después candidaturas electorales tanto en las elecciones al Ayuntamiento de Alcañiz como a las Cortes de Aragón por la provincia de Teruel y con el cambio electoral y la reversión del proyecto a un Hospital 100% público, el que reclamaban; la Plataforma desapareció. Apenas realizó un par de tímidas concentraciones al inicio de la legislatura 2015-2019 pero ya totalmente descabezada con el PSOE, Podemos, Cha y PAR en el Gobierno de Aragón y sin ningún portavoz cuando los medios preguntaban. Desde entonces el proyecto del Hospital y también la cada vez más maltrecha sanidad bajoaragonesa han sufrido numerosos agravios que han ahondado en sus problemas estructurales. Las obras han padecido reiterados retrasos respecto a las fechas anunciadas, han aumentado las listas de espera para consulta o cirugías, faltan facultativos en especialidades tan importantes como Psiquiatría y Oncología; y los pueblos han visto cómo se les han ido reduciendo las horas de atención por la falta de médicos. Esta falta de implicación con demandas tan necesarias hace perder la confianza ciudadana en que la causa que se defiende haya sido y sea común.

Editorial.