La urgencia de la necesidad de la llegada de la banda ancha a los municipios rurales ha hecho que muchos empiecen a dar pasos por su cuenta para poder desarrollar sus proyectos profesionales invirtiendo en sistemas propios para poder tener internet. Los retrasos en los compromisos de la digitalización del territorio por parte de las administraciones públicas, especialmente del Gobierno central, han ido dilatando una necesidad que lastra la economía y la capacidad logística de los pueblos. La pandemia ha acelerado un proceso que ya era inminente. Por eso urge crear un mapa real sobre cuál es el estado de la llegada de la banda ancha a los municipios, qué administraciones y empresas han invertido en ello y cuáles no. Sin ese mapa resulta casi imposible saber cuáles son las zonas grises o negras donde se necesita más cobertura digital. Empresas locales están trabajando desde hace meses de forma conjunta con los ayuntamientos y las empresas para poder facilitar la llegada de la fibra óptica u otros servicios digitales imprescindibles. El teletrabajo ha permitido que muchos municipios recuperen población y esa oportunidad no debe perderse.
La Diputación Provincial de Teruel presentó ayer un proyecto para la creación de una oficina técnica que coordine el despliegue provincial de la banda ancha. Disponen de cuatro millones de euros para dar cobertura a un territorio amplísimo en el que se deberán priorizar aquellas zonas donde los daños que genera la falta de acceso a un internet de calidad son mayores. Ligados a los fondos de recuperacion europeos Next Generation y a otras ayudas impulsadas por el ministerio de Reto Demográfico, territorios aislados y rurales como el nuestro pueden beneficiarse de importantes ayudas vinculadas a proyectos de digitalización, convirtiéndose incluso en áreas piloto. Así que la puesta en marcha de esta oficina es clave para esa llegada de fondos, pero tan importante es conseguirlos como establecer sinergias con las principales empresas y colectivos empresariales de la provincia para que la implantación de los proyectos sea realista y exitosa, revirtiendo así en el asentamiento de industria y empleo. Esta nueva oficina constará de director, asesor técnico de telecomunicaciones, administrativo y asesor legal, entre otros. Se financiará con 193.000 euros del FITE. Si se trabaja con eficacia, toda inversión en la llegada de la banda ancha es poca y está comprobado que cuando las administraciones se dejan asesorar por expertos los proyectos salen adelante con éxito.
Editorial
