El sector agrícola español está en pie de guerra con justificadas razones. La última gran movilización del campo que llevó a los profesionales a las calles se produjo en 2020, poco antes del inicio de la pandemia. Desde entonces, apenas ha habido avances que mejoren la capacidad de desarrollo del sector, garante de la supervivencia del medio rural, su economía, población y garantía de soberanía alimentaria. Sus reivindicaciones, que de la mano del movimiento de la España vaciada llamaron la atención en la campaña electoral nacional, han sido relegadas a un segundo plano, poniendo de manifesto que el peso electoral es a veces la única garantía de presión. Alentados por los vecinos franceses, que denuncian una falsa competencia desleal, saldrán de nuevo a las calles este mes de forma organizada, pero también espontánea, criticando asimismo en algunos casos su desacuerdo con la tibia acción sindical agraria.

En Aragón se pierde una media de doscientos agricultores al año, una cifra inadmisible que debería hacer reflexionar seriamente a nuestras instituciones. Los agricultores reivindican que ninguna solicitud de incorporación de jóvenes se quede sin realizarse por falta de presupuesto; frenar la especulación y la compra de tierra que están realizando los fondos de inversión y agentes fuera del sector agrario; facilitar el acceso a la tierra a los jóvenes y nuevos agricultores, así como a aquellos que tienen una base territorial inferior a la media de su sector productor. Asimismo, sitúan en el foco sobre la ordenación de la instalación de energías renovables en terrenos agrarios. Urgen un cambio en los seguros agrarios, para adaptarlos al problema estructural que acarrean las sequías y fenómenos meteorológicos adversos, como granizadas, heladas y nevadas imprevistas, cada vez más intensas y frecuentes por el cambio climático.

Además, es necesaria una simplificación de los trámites burocráticos que ahogan a los profesionales del campo; modificar la ley de la Cadena Alimentaria para conseguir su máxima aplicación, garantizando que se cubran los costes de producción. Por último, es de vital urgencia prohibir las prácticas desleales con sanciones serias y que dejen de cerrarse acuerdos de libre comercio que ahondan en la competencia desleal con MERCOSUR, Nueva Zelanda, Chile, Kenia, México, India, Australia o Marruecos.
Febrero será un mes de reivindicación agrícola en la que especialmente los habitantes del medio rural nos debemos sentir concernidos.

Editorial.