Hace unos días vi una imagen en redes sociales que llamó mi atención y me invitó a reflexionar sobre el abuso de autoridad que estamos viviendo bajo el amparo del COVID. En la imagen se veía a dos corredoras de relevos. La encargada de pasar el testigo simbolizaba a la derecha del s.XX, la que lo recibía, a la izquierda del s.XXI, mientras que el testigo que se pasaban representaba la privación de derechos y libertades.

La viñeta venía a razón de un escrito en el que se criticaba la creación de una Comisión Permanente contra la Desinformación por parte del Gobierno Central para luchar, supuestamente, contra las noticias falsas creadas por potencias extranjeras con respecto al COVID. Y digo supuestamente, porque la propia Ministra de Exteriores afirmó que el verdadero objetivo era evitar que los medios de comunicación españoles publicaran datos falsos. El problema, como ocurre siempre que se intenta limitar la libertad de prensa, es definir qué se entiende por falso. No hay que olvidar, que al principio de la pandemia se acusó a algunos medios de propagar bulos por afirmar que el uso de mascarillas reducía la propagación del virus.

Si a este claro intento de reinstaurar la censura en nuestro país, sumamos la imposición de un toque de queda y las restricciones en la movilidad, parece que el ejecutivo socialista-comunista que nos gobierna, presenta más similitudes con los gobiernos autoritarios del siglo pasado, que con el gobierno democrático, moderno y social que prometía asaltar los cielos cuando estaba fuera del poder.

El argumento de que la situación sanitaria empeora por culpa del mal comportamiento de los ciudadanos se ha convertido en habitual en cualquier conversación, eximiendo al ejecutivo central de cualquier tipo de responsabilidad. Bajo este pretexto, el gobierno justifica la privación de nuestros derechos más fundamentales, como la libertad de circulación, amparándose en el razonamiento básico de cualquier régimen populista, lo hacen por nuestro bien. Son los ciudadanos los culpables de que no se baje el IVA de las mascarillas, de que no se hayan establecido mecanismos legales para reconocer las diferencias entre las zonas rurales y las urbanas a la hora de adaptar las medidas de seguridad o de que no se haya aumentado el número de médicos y hospitales desde el inicio de la pandemia.

Tenemos un gobierno, que nos infantiliza, tratándonos como niños desobedientes que necesitan de un gobierno fuerte que les diga lo que pueden o no pueden hacer como única vía para cumplir las normas; un gobierno que nos tiene que decir qué es o qué no es verdad porque somos incapaces de desarrollar por nosotros mismos un pensamiento crítico; un gobierno que ha logrado que veamos como normal que se multe a una persona por sacar a pasear el perro a las doce de la noche.

No es la finalidad de este escrito analizar si estas medidas son o no necesarias para lograr vencer al maldito bicho, sino recordar al lector lo mucho que se hemos sufrido para lograr los derechos y libertades de los que disfrutamos hoy en día. Vivimos en un país con muchos defectos y muchas virtudes, pero, ante todo, vivimos en un país libre, que puede dejar de serlo si como ciudadanos no cumplimos nuestro deber de vigilar a quien detenta el poder. Evitemos que esto pase. Como dijo A. Philip Randolph «la libertad nunca es dada; se gana».

Silvia Casas – Analista política y concejal de Alcorisa PP