Me satisface enormemente poder utilizar el espacio que me presta este artículo para poder felicitar a las familias de las víctimas del mal llamado accidente que sufrió la Brigada Helitransportada con base en Alcorisa el 19 de marzo de 2011. Unas familias que con tesón y constancia -y con rabia muchas veces- han conseguido que se constituya en las Cortes de Aragón una Comisión de Investigación para que estudie, analice y depuren responsabilidades políticas, y se extraiga el conocimiento de las causas que lo provocaron para que se corrijan en el sistema de la aviación española. Un ejemplo para todos aquellos que piensan que las luchas y las movilizaciones no sirven para nada.

Más de seis años envueltos en trámites administrativos, jurídicos, estudiando informes y documentos técnicos y complejos, recorriendo todo este camino en soledad, sin contar con el apoyo del Gobierno que contrató los helicópteros con INAER, empresa a la que nunca pidió responsabilidades; o de la administración que contrató a los brigadistas, Sodemasa que, aunque en un principio se ofreció para poner a su disposición cobertura legal, nunca llegó realmente a las familias.

Seis años viendo cómo la causa se archivaba sin haber recibido toda la documentación que se le había solicitado a la empresa, con un informe provisional de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil. Seis años de incertidumbre, como la vivida cuando se reabrió la causa, al demostrar el informe definitivo de la CIAIAC que la causa del accidente fue la sustitución de una pieza del aparato, que tenía doce horas de vuelo, que no había sido revisada ni cumplimientado el boletín de servicio. La reapertura de la causa incluía dos pronunciamientos: por un lado, reabrir la causa y, por otro lado, dirigir el procedimiento contra las personas que debían cumplimientar dicho boletín, subsidiariamente INAER. Se impugnó el recurso contra INAER, pero no la reapertura de la causa. ¿Por qué se archivó entonces?

La lucha de estas familias llegó hasta el Tribunal Constitucional, acompañada de 12.067 firmas de ciudadanos que apoyaban su demanda, aunque este órgano no consideró indefensión. ¿Qué le queda a las familias? Le quedan sus representantes, las personas que fueron elegidas para defender sus intereses y derechos. Las familias acudieron a la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón solicitando la apertura de una Comisión de Investigación, lo que significa que se abre una nueva vía para la búsqueda y encuentro de nuevas pruebas que podrían reabrir la causa, detectar deficiencias o plantear medidas que eviten que accidentes como este ocurran de nuevo.
Cuatro grupos políticos recogimos la demanda de las familias (IU, CHA, Ciudadanos y Podemos) y presentamos esta iniciativa que salió adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Todos debemos trabajar para que las conclusiones que se extraigan de dicha comisión permitan reabrir de nuevo el proceso y cerrarlo con garantías, con el fin de dirimir responsabilidades políticas, por qué no, si las hubiere. Y, lo que es más importante, para que se corrijan las causas que provocaron la tragedia del 19 de marzo de 2011.

Cuando en Podemos hablamos de poner las instituciones al servicio de la gente, estamos hablando de esto: de escuchar, de recoger sus demandas, de ser correa de transmisión entre los ciudadanos y las instituciones; que los ciudadanos sientan que la política y los políticos son unas herramientas para ser usadas. Y que son una herramienta útil.