La investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España ayer con una amplia mayoría de 179 votos a favor, respaldados por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, CC, desbloquea la legislatura y abre paso a un nuevo gobierno que ya ha pactado serias concesiones a independentistas catalanes y vascos. Más allá de la legitimidad de los votos con los que el líder socialista inicia esta andadura, resulta preocupante el camino a seguir en esta nueva hoja de ruta, nunca antes iniciada, en la que se incluye la amnistía de los procesados por la revuelta independentista catalana instigada por Junts y ERC, la condonación de la deuda autonómica catalana y otros puntos ya no de conflicto, sino de agravio con el resto de autonomías que llevan décadas pidiendo un trato justo y acorde a su realidad. El precio ha sido caro, abriendo paso a una aministía que siempre se negó por parte del PSOE.

Avanzó ayer Sánchez que el debate territorial estará muy presente esta legislatura, y cabe preguntarse a qué territorios se refiere, quiénes lo van a liderar, y a costa de qué. Establecer como argumento el freno a la ultraderecha y la conciliación de Cataluña resulta a día de hoy insuficiente, y más teniendo en cuenta que hasta ahora solo se han dado a conocer cesiones y no concesiones. Es probable que el verdadero debate territorial existente la pasada legislatura, muchas veces vinculado a la despoblación y los temas que lideró en Madrid Teruel Existe, nunca vuelvan. Ya se detectó en campaña electoral, cuando la realidad de la España rural apenas estuvo presente. Resulta hoy irónico recordar las acusaciones de cantonalismo e irresponsabilidad para una tierra de compromisos pendientes. Muchas voces en Aragón se lamentan de la pérdida de la identidad autonómica, sin representantes de partidos claves como el PAR. El único diputado de CHA integrado en Sumar ha tratado ya de abrir algunos de estos espacios, aunque no le será nada sencillo, al igual que nunca lo fue romper la disciplina de partido para PSOE o PP.

El Estado de Derecho que debe garantizar que todas las personas están sometidas a los mismos derechos y obligaciones, sin embargo, será muy difícil que eso suceda durante los próximos años dadas las exigentes condiciones impuestas por quienes apoyaron ayer la investidura.

Editorial.