En Aragón —y muy especialmente en comarcas como Andorra-Sierra de Arcos y el Bajo Aragón histórico— la palabra transición se pronuncia cada vez más.

Transición energética, transición justa, transición verde. Son expresiones que suenan bien y que, en el papel, apelan a un futuro más limpio y sostenible. Pero hay una pregunta incómoda que conviene plantear sin rodeos: ¿transición para quién y con qué coste? Porque si la transición se convierte en una sucesión de proyectos intensivos —en suelo, en transporte, en residuos y en impactos— entonces deja de ser una oportunidad y pasa a ser una nueva forma de extractivismo. Y eso, en nuestro entorno, ya lo conocemos demasiado bien.

La noticia de la posible implantación de una planta de biogás en Alloza ha vuelto a encender las alarmas. No por un rechazo «a la energía» o a la «innovación», como a veces se caricaturiza desde la distancia, sino por una cuestión elemental: la escala y el modelo. Según se ha publicado, la planta proyectada pretende gestionar en torno a 150.000 toneladas anuales de residuos. Esa cifra, por sí sola, obliga a hacerse preguntas.

Cuando la capacidad prevista supera ampliamente lo que actualmente el entorno genera, el proyecto deja de ser «circular» a escala local y pasa a depender de traer residuos de fuera de forma constante.

Y ahí aparece la primera línea roja: convertir un pueblo en nodo receptor de residuos. El biogás puede ser una herramienta útil si resuelve un problema existente y lo hace con proporcionalidad, transparencia y control. Pero cuando el volumen es tan alto que exige una logística continua de entradas y salidas —camiones, rutas, horarios, posibles incidentes— el debate ya no es «energía sí o no»; es calidad de vida, salud pública, ruido, olores, tráfico pesado, riesgo y reputación territorial. La inquietud expresada por muchos en Alloza se entiende precisamente por esas posibles consecuencias ambientales, sanitarias y económicas que podría ocasionar un proyecto de esta índole.

El segundo elemento del «cóctel» es todavía más preocupante: la ganadería industrial. En los últimos meses se han conocido denuncias y alegaciones sobre un macroproyecto porcino en el que se habla de 25 granjas «clónicas» distribuidas por varias comarcas, incluyendo municipios donde aparece Alloza entre los contemplados. El patrón descrito por organizaciones ecologistas y recogido en prensa es significativo: fraccionar proyectos para quedarse en el límite administrativo y eludir evaluaciones más exigentes, presentando lo que en realidad funcionaría como un sistema integrado.

No estamos ante «granjas» como las que tradicionalmente han sostenido el territorio; hablamos de un modelo industrial orientado a la sobreproducción, altamente dependiente de mercados externos y que deja aquí lo más difícil de gestionar: purines, consumo de agua, emisiones y presión sobre el suelo.

Y entonces el puzle encaja: macrogranjas generan purines; plantas de biogás necesitan sustrato; la narrativa dice «economía circular». Pero si el sistema crece por encima de la capacidad real del territorio, no es circularidad: es industria de entrada y salida, un circuito que usa el pueblo como plataforma logística y el campo como «sumidero» de digestatos.

Es legítimo preguntarse si lo que se está diseñando es una solución ambiental… o un ecosistema industrial cuya viabilidad depende de traer más y más residuo, con la promesa de unos empleos y una inversión que, en demasiadas ocasiones, no compensan la pérdida de tranquilidad, paisaje y valor residencial.

El tercer elemento es el cambio de uso del suelo: la conversión acelerada de tierras agrícolas en grandes superficies energéticas, especialmente fotovoltaicas. En la provincia de Teruel se han anunciado y tramitado proyectos de enorme envergadura, con decenas de instalaciones previstas en comarcas como Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín o zonas colindantes. La energía solar es parte de la solución climática; nadie discute eso. Lo discutible es el cómo y el dónde: cuando la implantación se hace sin una planificación territorial fina y sin garantizar retornos claros, el resultado puede ser una ocupación del paisaje productivo que desplaza actividades agrarias, encarece el acceso a la tierra y cambia la identidad del lugar.

Y aquí llega la tesis central: los pueblos no somos el recurso extractivo de las políticas de sobreproducción de multinacionales. No somos el «espacio disponible» para colocar lo que molesta en otros sitios: residuos, macroinstalaciones, servidumbres de paso, líneas de evacuación, tráfico pesado. Tampoco somos un mapa vacío donde dibujar megavatios y toneladas. Somos comunidades con derechos, con una economía real que incluye agricultura, ganadería extensiva, pequeños negocios, turismo y patrimonio; con un tejido social frágil; con un valor intangible que se llama vida cotidiana. Y esa vida cotidiana —el silencio, el aire limpio, el paisaje, la salud, la posibilidad de criar a los hijos sin miedo a lo que entra por la carretera cada media hora— también es sostenibilidad.

La transición energética será justa o no será. Pero «justa» no puede significar únicamente sumar inversiones o prometer empleo durante la obra. La justicia exige proporción, participación y beneficio local verificable. Exige que, si un municipio asume impactos, reciba capacidad de decisión, retornos estables y mecanismos de control. Exige transparencia sobre cifras (toneladas, procedencias, rutas), sobre riesgos y sobre planes de contingencia. Exige evaluar no solo el CO₂, sino el agua, los nitratos, el tráfico, el ruido, los olores, el paisaje y el valor social. Y exige reconocer que la economía rural no puede convertirse en una economía subordinada a cadenas industriales externas.

Alloza no está diciendo «no» al futuro. Está pidiendo algo más básico: que el futuro no se construya a costa de su presente. Que no se repita la historia de siempre: decisiones lejos, beneficios lejos y cargas aquí. Una transición que pretende ser verde no puede dejar un reguero de pueblos resignados, divididos o degradados. Si de verdad hablamos de sostenibilidad, empecemos por la primera: la de la vida en el territorio. El campo no es un solar. Y un pueblo no es una infraestructura.

Agustín Pérez
Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Alloza - AVENTAR