La voladura de la última caldera de la Central Térmica de Andorra sitúa el cronómetro de la descarbonización en la recta final de un proceso que sigue siendo percibido como extremadamente lento para agentes sociales, políticos y empresariales. El futuro prometido por el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España sólo se ve a largo plazo, y con el asidero de la implantación de unas energías renovables que, si bien supondrán importantes retornos económicos que deben traducirse en servicios sociales, no dejan de ser equiparables a los que se producirán en otras zonas que no han estado vinculadas al desarrollo energético e industrial minero. Por tanto, cabe esperar que el Plan de Transición Justa aporte un plus para territorios donde el relevo generacional, la mano de obra cualificada y las políticas energéticas ha supuesto un cambio la realidad social del territorio rural, en especial en Andorra Sierra de Arcos.
Resulta difícil de comprender que la ministra Teresa Ribera no haya visitado Andorra desde 2022, cuando anunció una inversión de más de doscientos millones de euros durante siete años, compensando «con creces», los 532 puestos de trabajo que desaparecieron por el cierre de las últimas minas de carbón y de la Térmica. Si bien 34 municipios se verán beneficiados del plan, queda por definir el nivel de diversificación de la economía impulsado por las herramientas de financiación pública a través del que fue el primer territorio del país en contar con este documento base con compromisos específicos para las zonas afectadas por procesos de descarbonización energética. Hasta ahora, las principales actuaciones han venido de la mano del impulso de las empresas energéticas y los compromisos de acompañamiento al territorio, en el caso del Nudo Mudéjar la gestión íntegra realizada por Endesa, así como la llegada de otras empresas como JVForest.
Sin embargo, siguen en la cola de «pendientes» y en el cajón del olvido numerosos proyectos reivindicados por nuestro territorio, que dependen exclusivamente de la inversión pública, y que darían lugar a un importante revulsivo, es el caso de la elevación de aguas ligada a apoyos para construir regadíos sociales, la recuperación del ferrocarril, o la construcción de la A-68 en el Bajo Aragón, entre un largo etcétera solicitado por los alcaldes de nuestros pueblos desde hace años.
Editorial.